POLICÍAS y LADRONES

El odio a la Policía.

Las graves consecuencias que acarrean el crimen y criminal en la República Argentina de las últimas décadas ha sumado -a la falta de políticas criminales serias y duraderas, al pendulismo ideológico de los sucesivos gobiernos que ejercieron el poder desde la restauración democrática hasta nuestros días, a la ignorancia generalizada respecto de las funciones y obligaciones de las fuerzas de seguridad en un Estado Democrático de Derecho- un escollo muy dificil de sortear: El odio -espontáneo o forzado- a la Policía, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y todo aquella institución cuyos integrantes usen armas y uniformes.

Desde la restauración democrática, en 1983, las atrocidades de la última dictadura militar generaron controversias en muchos estamentos de la sociedad civil, cuando -dirigidamente- se impidió la discusión y el repudio a las actividades de las organizaciones terroristas que bañaron de sangre a la República durante los años ’60 y ’70.

Sin desconocer la gigantesca diferencia entre los crímenes cometidos por dichos grupos armados y aquellos cometidos por el aparato estatal, se logró acallar cualquier tipo de comentario respecto del accionar guerrillero, creándose a tal fin una frase fetiche que lo hizo posible: «Teoría de los dos demonios».

De esta forma, solamente está permitido hablar de las atrocidades cometidas por el aparato represivo del Estado. Caso contrario, automáticamente nos convertiríamos en apologistas de dicha «teoría».

Además de ello, también desde la restauración democrática hasta nuestros días, las instituciones militares, de seguridad y las policías, siguen con el estigma de «represoras». No con la acepción de represión legal de actos ilícitos -externos o internos- sino con la etiqueta de asesinos con uniforme. Esta estigmatización no se detuvo nunca. Es más, se ha profundizado en los últimos tiempos en discursos oficiales y no oficiales; en ámbitos académicos, políticos, judiciales, sindicales, familiares, etc.

Paralelamente, el delito -tanto el organizado como el improvisado- ha aumentado en forma exponencial. La constante improvisación en materia de prevención criminal, la nula actuación de la inteligencia -sólo reservada para el espionaje de peluquería- y los movimientos polítcos espasmódicos, que se nutren de las encuestas de opinión, los sondeos de imágen y los estudios de redes sociales, ha generado una disyuntiva casi neurótica: ¿Qué hacer con el delito y el delincuente sin dejar de denostar a la Policía?

La paradoja nos lleva a una calle sin salida. El crimen y el criminal son tan antiguos como el Hombre. Un poco -sólo un poco- más «jóvenes» resultan ser las organizaciones para combatirlas. No es posible siquiera imaginar una comunidad jurídicamente organizada sin fuerzas del orden que aseguren la convivencia pacífica de sus integrantes y un marco legal que regule su actuación.

Paradójicamente, los grupos de presión que fogonean el odio a los uniformes, pertenecen a ideologías que -donde han podido erigirse como estamento de poder- poseen fuerzas policiales y militares sin demasiados miramientos a la hora de combatir el delito interno o el ataque exterior (verbigracia China, Rusia, Corea del Norte, Venezuela).

Paralelamente, en nuestro país, en las últimas tres décadas, se ha instalado en ámbitos académicos y judiciales la doctrina abolicionista en materia penal. Entre sus disparates más notables podemos destacar la posición frente al criminal como «Un individuo víctima del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades de optar por una vida mejor…» Mientras que las fuerzas policiales, en este delirante contexto, vendrían a ser «Las agencias del sistema represivo que seleccionan a los excluídos del sistema, para saciar la sed de venganza de las clases acomodadas…»

Estas dos frases “sagradas” alcanzan para deleitar a profesores de grado y de post grado en las Facultades de Derecho de la República Argentina. Si se le suma alguna cita de Michel Foucault, es suficiente para aprobar la tesis de grado y tener una puerta abierta para el Doctorado. Si se conoce al dedillo la obra de Eugenio Zaffaroni y sus discípulos, es suficiente para aprobar los exámenes en los Consejos de la Magistratura para acceder a los cargos judiciales con acuerdo del Senado (fiscal, juez, defensor oficial, asesor de incapaces).

En todos los casos, es imperativo tener una mirada (muy) crítica hacia la policía. La policía ES el enemigo. No me estoy refiriendo a los delitos que pudiesen cometer los efectivos policiales, claro. Sólo estoy citando una postura ideológica frente a las fuerzas del orden, en el corazón mismo del sistema penal del Estado.

El problema es mucho mas grave de lo que parece.

La Policía es constantemente defenestrada desde el discurso jurídico-penal, porque es música para los oídos «progres». Sin embargo, nadie se anima a blanquear públicamente esta realidad desde el poder político, ya que la comunidad pide a gritos mayor seguridad frente a la imparable escalada delictual.

Los gobiernos «serpentean» en sus declaraciones para no perder puntos en las encuestas, para no ser tildados de «abrepuertas» de los delincuentes o de «fachos». Un día condecoran a los efectivos y al día siguiente los defenestran, siempre al compás de los análisis de las consultoras de opinión. La formación de los abogados, de los futuros magistrados, y hasta de los propios policías, se enfrenta a una paradoja esquizofrénica. A un dilema diabólico.

No es posible quedar bien con Dios y con el demonio. Ni siquiera, mintiéndole un poco a ambos.

El delito debe perseguirse y sancionarse en el marco de un debido proceso legal, que garantiza -entre otras cosas- la defensa en juicio. El Poder Judicial cuenta para su trabajo específico de investigación judicial con las fuerzas de seguridad como sus auxiliares. Socavar la credibilidad de la institución policial -por el sólo hecho de su existencia- y pretender que solamente ocupen un rol decorativo en la sociedad, es cometer suicidio.

Alimentar esta grieta, es el primer paso para eliminar la República.

Marcelo Carlos Romero – Fiscal del Ministerio Público – Miembro de la Fundación Ciencia + Democracia