Seis propuestas para mejorar la justicia penal

Carta abierta al presidente Alberto Fernández

Dr. Alberto Fernández, de mi consideración:

Soy un simple fiscal de instrucción provincial. Es decir, estoy muy lejos de los avatares y entretelones político-judiciales de los tribunales de Comodoro Py y zonas de influencia.

Sin embargo, integro uno de los tres poderes de la república y me siento absolutamente responsable de las falencias de las que adolecen tanto la administración de justicia como el Ministerio Público y de las deficientes respuestas que le brindamos a la comunidad.

Por dichas razones, señor presidente, no haré defensas corporativas de la institución a la que pertenezco y a la que he dedicado mis esfuerzos durante la mayor parte de mi vida, con orgullo y con pasión.

Usted ha decidido enviar al Congreso nacional una reforma judicial que ha causado estrépito público. Ha generado desconfianzas y suspicacias. Ha motivado gigantescas movilizaciones de repudio a lo ancho y a lo largo del país…

Seguramente, no ha sido su intención que se produjeran semejantes efectos negativos. Pero así fue.

Señor presidente, hay tanto por hacer en materia judicial que la ciudadanía espera ansiosa las iniciativas gubernamentales en tal sentido.

Lograría usted un nivel de aceptación casi absoluto si las reformas que se propusieran no tuviesen ese halo de sospechas que se generan cuando los proyectos se quieren imponer “a como dé lugar”…

Humildemente y con absoluto respeto a su investidura, le acerco algunos de los tantos temas pendientes en el sistema de justicia penal de la República Argentina.

Es sólo una muestra, claro. El equipo de notables juristas que lo asesora podrá sumarle muchos más.

1) Instauración del sistema acusatorio y del juicio por jurados en todos los Códigos Procesales Penales del país (requiere acuerdos y consensos con los gobernadores y legislaturas provinciales).

2) Revisión y/o modificación del sistema recursivo en los procesos penales, para evitar la multiplicidad de instancias y que las causas duren décadas, como así también de los plazos procesales en las instancias superiores (también requiere acuerdos y consensos con las provincias).

3) Revisión y/o modificación de los Códigos de Ejecución Penal, a fin de unificar criterios en el cumplimiento de la pena y en la concesión y/o negación de libertades anticipadas (también requiere acuerdos y consensos con las provincias).

4) Profundización de la digitalización de expedientes en todo el sistema penal, incluyendo la documentación que se genera en las instituciones auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público (Policías, fuerzas de seguridad, cuerpos periciales, etcétera).

5) Adopción plena de la firma digital para todos los operadores del sistema penal, incluyendo abogados particulares y peritos de parte, propiciando el teletrabajo y la consulta remota de expedientes.

6) Adaptación de los espacios laborales de las distintas sedes tribunalicias y del Ministerio Público para los desafíos post-pandemia (distanciamiento social, telones o mamparas sintéticas, provisión de elementos de protección sanitaria descartable, nuevas normas de limpieza).

Como verá, señor presidente, con un poco de imaginación, con mucho menos dinero e intentando acuerdos y consensos entre las distintas fuerzas políticas; con opiniones consultivas a juristas, magistrados, académicos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etcétera, los argentinos nos hubiésemos evitado todos estos días de disgusto en una de las épocas más difíciles de nuestra historia.

Vale la pena, señor presidente, revisar nuestras decisiones cuando somos advertidos por gran parte de la comunidad, única destinataria de nuestros aciertos y desatinos.

Lo saludo con mi consideración más distinguida.

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Toma de tierras: el Gobierno echa nafta al fuego al denunciar a quienes reclaman por una solución legal pronta y contundente.

La semana que culmina se caracterizó por el absurdo. Desde un ex presidente anunciando un golpe de Estado (para luego arrepentirse y alegar una dolencia psíquica transitoria), pasando por una alta funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación recomendando no reír, no cantar y no gritar en lugares cerrados, hasta la denuncia penal efectuada por el Ministerio de Seguridad a los organizadores de una movilización en contra de las tomas de tierras en Villa Mascardi.

No es necesario ser zahorí para darse cuenta de la situación de crispación en la que se encuentra el pueblo argentino. Sería sobreabundante enumerar los múltiples efectos negativos que está causando la cuarentena que se renueva -sin solución de continuidad- cada mes.

El aumento de la criminalidad, el incremento de la violencia en las distintas formas de comisión criminal, las protestas a lo largo y a lo ancho del país, etcétera, ilustran dramáticamente una realidad que, un año atrás, sólo podía ser imaginada por un escritor de ficción.

La toma ilegal de tierras, en forma masiva y organizada, no faltó a la cita en esta “nueva anormalidad” en la que estamos inmersos. Los conflictos sobre la posesión de tierras en el sur argentino no son nuevos. Tampoco la falta de soluciones por parte del Estado.

En esa inteligencia, el respeto a las tradiciones y reclamos de los denominados “pueblos originarios” no pueden transitar la violación de las normas legales vigentes en la República. No pueden admitirse reclamos por la fuerza absolutamente a nadie. Toda pretensión debe canalizarse a través de la instituciones del Estado. Sin cortapisas. Sin excepciones.

Todo individuo o grupo de individuos que se considere con mejor derecho a otro u otros sobre una propiedad deberá concurrir a un juez para que dirima el conflicto. Es simple. El uso de la fuerza para hacer valer los derechos en litigio está penado por la ley. También es simple.

Independientemente de las cuestiones que deban dirimir los magistrados en los casos concretos, no existen “naciones” o “territorios” distintos a la República Argentina dentro de sus límites legales y establecidos. No existe un sólo centímetro cuadrado de toda nuestra vasta superficie que “no tenga dueño”. O son parcelas privadas o son parcelas pertenecientes al Estado, destinados al uso común.

La toma violenta de tierras por parte de grupos de individuos que alegan “propiedad ancestral” viola la ley vigente; dicha conducta debe ser sancionada penalmente.

Frente a la indefinición estatal en este entuerto, la ciudadanía se expresa constantemente. Mucho más, los directamente afectados. No pueden permitirse los hechos violentos ni la instigación a cometerlos, claro. Pero denunciar a quienes reclaman por una solución legal pronta y contundente al litigio es echar nafta al fuego.

Ojalá vuelva rápidamente la cordura. No sumemos más problemas. Tenemos demasiados en este absurdo 2020.

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