Nuevo vocabulario jurídico-penal del abolicionismo zaffaroniano

RAE 1

El abolicionismo zaffaroniano impuso un nuevo vocabulario jurídico-penal.

Es que el catecismo-laico-obligatorio en facultades de Derecho, institutos de posgrado y Consejos de la Magistratura, al mejor estilo gramsciano, otorgó categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.

Ahora, el crimen se dice “conflicto”. Criminal, “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel, “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado, “aparato represivo”. Estado, “organización política deslegitimada”. Derecho Penal, “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, son ahora “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son las nuevas “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y así.

Leyendo el caso de un motochorro que, en Tucumán, le robó dinero en a un chico de seis años que iba a comprar al almacén, y, en La Plata, el caso de dos ladrones que maniataron a una anciana de 95 años para robarle dinero, no encuentro en el diccionario abolicionista el término adecuado para esta categoría de “sujetos en conflicto con la ley penal”.

Se me había ocurrido “hijos de puta”… Pero seguramente no será aceptado por los gurúes locales de esta nueva pseudo-doctrina.

Marcelo Carlos Romero

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LA JUSTICIA PENAL Y EL SENTIDO COMÚN

forajidos

Un lugar común reza: “El sentido común es el menos común de los sentidos”Más que una reflexión profunda, parece un aforismo para adornar tarjetas de salutación o para el epígrafe de esas fotografías de atardeceres hermosos, destinadas a circular por Internet.

Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el Sistema Penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología  progre).

A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictivas, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la “mano dura/tolerancia cero” hasta el actual y absurdo abolicionismo penal, catecismo-laico-obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.

La comunidad argentina ha comenzado a agraviarse frente a determinados fallos judiciales carentes de sentido común, alejados de la lógica, la sana crítica y el razonamiento fundado. Reñidos con las más básicas normas morales y éticas.

La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina (foránea y berreta) abolicionista ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.

La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.

Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinados durante todos estos años.

Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…

Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?

Aplaudir como bobos las frases inintelegibles, construídas con palabras inventadas (gramscianismo explícito), de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, del mismo Raúl Zaffaroni…

Instalar obligatoriamente los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que  la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.

Mientras tanto, los delincuentes, brindaban con champán.

Durante este tiempo, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.

Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.

Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.

 

Marcelo  Carlos  Romero

PERDÓN ZAFFARONI..! Carta abierta al magistrado de la Corte Interamericana de DDHH

Fiscal Romero's Blog

zaffaFoto Perfil

Sr. Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, le ofrezco humildemente mis disculpas…

Quien escribe estas líneas no ostenta doctorados honoris causae, premios internacionales ni reconocimientos masivos de colegas y alumnos de todos los continentes.

Este humilde abogado se formó con aficionados y principiantes (sus acólitos los llamarían dinosaurios) del Derecho Penal, tales como Sebastian Soler, Ricardo Nuñez, Carlos Fontán Balestra, José Peco, Guillermo Ouviña, Carlos Creus, Ricardo Levene, Jorge Frías Caballero, entre otros, quienes no pudieron ver la luz que Ud. encontró en su prolífica carrera, que hoy se corona ocupando un sillón en el máximo Tribunal de Justicia continental.

Debido a mis severas limitaciones intelectuales nunca pude entender sus sabios postulados respecto del delito como “creación política”. Respecto del proceso penal como una “farsa de los poderosos”, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto”…

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NISMAN. TRES AÑOS

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Pasaron 3 años desde que el fiscal federal especial de la causa AMIA, Natalio Alberto Nisman, fuera encontrado muerto en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero, con un disparo en su cabeza, a pocas horas de haber denunciado a la entonces Sra. Presidente de la República, a quien fuera su  Canciller y a otras altas autoridades del anterior gobierno, y previo a su presentación ante el Congreso de la Nación.
Desde entonces  y  por muchos meses, fue más importante defenestrar al fallecido, su vida privada, su entorno familiar y su carrera profesional, que encontrar la verdad histórica de los acontecimientos.
Fue más importante criticar a quienes marchamos por las calles de la ciudad de Buenos Aires en su homenaje -nunca realizado por las autoridades constituídas, ni siquiera por la Procuración General de la Nación- que criticar a quienes hicieron añicos su denuncia sin, tan solo, investigar si era verosímil la hipótesis planteada por el procurador muerto, con la producción de la prueba por él propuesta.
Fue más importante decir cualquier cosa por los medios periodísticos tradicionales y por las redes sociales por parte de las personas que ejercían importantes cargos públicos a nivel nacional, que dotar a los investigadores naturales del caso de todo el apoyo y la tranquilidad necesarias para el correcto cometido de su misión… Por el contrario, por aquellos días, hasta las más altas autoridades de la Nación se ocuparon de “arriesgar” teorías sobre la muerte violenta del fiscal, calificaciones legales aplicables, posibles responsables, etc.
Fue más importante exacerbar -una y otra vez- el chauvinismo vernáculo anti-EEUU, con alguna dosis de anti-semitismo encubierto, tildando al fiscal muerto de “empleado” de la embajada norteamericana y de la MOSAD, que retomar rápidamente sus investigaciones sobre el atentado más sangriento de la historia argentina y encontrar -finalmente- a los verdaderos autores materiales, autores intelectuales, encubridores y cómplices de la masacre.
Fue más importante hablar públicamente una y otra vez sobre la preservación de la escena del crimen, que haberla preservado efectivamente aquella fatídica noche, evitando que el departamento de Le Parc se convirtiese en un pandemónium y que los videos del trabajo pericial fueran  el mejor documento didáctico para los estudiantes de criminalística… Sobre lo que NO se debe hacer!
Fue más importante -para la clase política en general- mirar de reojo cómo impactaba en las encuestas de opinión y en los sondeos de imágen la muerte del fiscal, que exigir al anterior gobierno un mínimo respeto por la división de poderes cada vez que sus máximos representantes presionaban públicamente a los jueces y fiscales encargados de resolver respecto de la denuncia presentada por el Dr. Nisman.
Como en tantas otras circunstancias de la historia argentina, fue más importante la difamación que la verdad. Como otras veces, la culpa fue de los muertos…
El paciente y meduloso trabajo del  Sr. Fiscal General,  Dr. Ricardo Saénz y de los abogados de la querella, logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera finalmente que la investigación por la muerte violenta – homicidio- del Dr. Nisman se tramitara en el fuero federal.
Ahora, es tiempo de la paz y la serenidad que solo puede brindar la Justicia con el único objetivo posible: LA VERDAD.
Así sea!