UN HÁBEAS CORPUS PARA EL SENTIDO COMÚN

Los próximos tres ejemplos -ficticios- de reclamos judiciales son perfectamente posibles en la Argentina de hoy.

1) El abogado defensor de un interno alojado en una cárcel argentina, reclama al juez de ejecución competente que se le garantice a su asistido la provisión de telefonía celular, para “afianzar los lazos familiares”. El magistrado resuelve favorablemente el pedido, pero -por las condiciones edilicias del establecimiento carcelario, donde abundan el hormigón armado y las estructuras metálicas- la señal celular es defectuosa o directamente nula.

El defensor exige que el Estado instale una antena de radio-base en el techo de la unidad penitenciaria, para evitar la discriminación de los individuos en contexto de encierro. El juez hace lugar y agrega, sin petición de parte, que la compañía prestataria de telefonía celular, incorpore banda ancha full, internet sin límites y descarga gratuita de aplicaciones en el equipo del interno, ya que tuvo dificultades para utilizar la plataforma Skipe al comunicarse con su hermano, detenido en otra unidad carcelaria. Ante esta situación, el abogado del hermano, basándose en la novísima jurisprudencia, solicitó lo mismo para su asistido…

La empresa de telefonía apeló la decisión judicial y el Tribunal Superior entendió que debe ser el Estado quien garantice estos derechos. La cuestión quedó resuelta con el pago de los nuevos servicios por parte del Servicio Penitenciario.

Como el resto de la población solicitó lo mismo, la flamante radio base de la unidad se saturó y tuvo que ser reemplazada por un nuevo equipo, también a costa del Estado.

En la actualidad, los internos han solicitado, la provisión de aparatos con tecnología 4G, atento el anuncio del Gobierno respecto de la incorporación de dicha tecnología en el país… Los abogados están trabajando en los respectivos escritos judiciales.

2) El abogado defensor de un interno alojado en una cárcel argentina reclama al juez de ejecución competente que se le garantice a su asistido los salarios correspondientes al último año de trabajo carcelario. El monto debe incluír: salario básico, antigüedad, asignaciones familiares, plus por insalubridad (el trabajador labora en un contexto de encierro, alejado de sus antiguos compañeros de oficio y con gente muy ruda a su alrededor), vacaciones y aguinaldo. Requiere además el letrado, la libertad para afiliarse al sindicato que nuclea a los trabajadores de su oficio y la garantía plena del derecho de huelga.

El magistrado hace lugar a todos los reclamos. Pero, cuando el interno recupera su libertad, su defensor presenta demanda por despido y exige la inmediata reincorporación al mercado laboral, fuera de la cárcel, claro.

El ex interno reclama ser empleado por el Estado, ya que fue el Estado quien lo “despidió”…

El ex interno es fichado en un ministerio para realizar tareas administrativas. Pero, como no es reconocido por su oficio, demanda nuevamente al Estado por daño moral. Su abogado lleva adelante una negociación con los letrados del ministerio y se llega a una solución amigable, empleando a sus dos hijos, a su esposa y a una ex novia que lo visitaba en el penal…

3) El Tribunal Superior tiene un atraso considerable en causas penales con detenidos. La mayoría son expedientes sin sentencia definitiva. Corren los últimos días del año judicial y los escritos de “pronto despacho” son moneda corriente…

Pero los magistrados están muy concentrados en un tema que justifica dejar todo de lado y dedicarle todo su tiempo y esfuerzo: Un abogado presentó un Hábeas Corpus en favor de un loro que acompaña a un anciano organillero en su diaria faena…

El pobre animal está agotado de tanto elegir las tarjetitas de la suerte de los clientes del anciano,  y sus plumas -otrora multicolores- ahora están mustias y decoloridas… Para colmo, ya no dice “la papa para pedrito”…

Los magistrados entendieron que estaban ante una cuestión institucional grave. Las garantías del ave, en tanto sujeto de Derecho,  estaban siendo vulneradas e hicieron lugar al Hábeas… Todo el mundo jurídico alabó la decisión de los jueces. El fallo fue noticia internacional!

Sin lugar a dudas, los jueces, fiscales y demás auxiliares de la Administración de Justicia somos exclavos de la Ley y el Derecho… Pero también debemos serlo del SENTIDO COMÚN.

Así sea.

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UNA USINA DE ESPERANZA

     
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      Cuando Diana Cohen Agrest  -Dra. en Filosofía y madre de Ezequiel, asesinado en una entradera- nos convocó para crear  una “Usina de Justicia”, un soplo de aire fresco inundó los laberintos de nuestras atribuladas almas. Una luz de esperanza se encendió en la larga noche de la desidia y la inacción estatal frente a los gravísimos problemas que acarrean el crimen y el criminal.
       Usina de Justicia es un grupo apartidario de argentinos y argentinas que no se resignan frente al discurso y la (in) acción oficial respecto del delito y del delincuente.
       Usina de Justicia quiere reflexionar y discutir acciones concretas para el mejoramiento del Sistema Penal del Estado, entendido éste como un verdadero mecanismo que debe integrarse con los Servicios de Inteligencia,  las Fuerzas Policiales y de Seguridad, el Ministerio Público, la Administración de Justicia Penal, los Servicios Penitenciarios, los Patronatos de Liberados, etc.
        Usina de Justicia quiere recuperar el verdadero discurso jurídico-penal, eliminando eufemismos y términos ambiguos, que fueron construyendo un relatoabsurdo y peligroso. Un relato que transformó a la víctima en victimario y al victimario en víctima. Un relato que colocó el techo antes que los cimientos. Un relato justificante del mal…
        Usina de Justicia quiere desenmascarar al abolicionismo y a los abolicionistas, éstos últimos disfrazados de “garantistas”, sin miedo a ser políticamente incorrectos y sin temor a sufrir rótulos ni etiquetas… Por otra parte, no es ninguna novedad utilizar adjetivos que agravien y paralicen acciones concretas. Ya la Inquisisión utilizaba el término “hereje”, para causar terror e inacción frente a las atrocidades de la Iglesia de aquel entonces.
        Usina de Justicia quiere denunciar el intento -bastante avanzado, por cierto- de destrucción del actual sistema penal argentino, instalando en Facultades de Derecho, Escuelas de Post-grado, Consejos de la Magistraturas, etc., un catecismo laico y obligatorio, basado en la obra de Eugenio Zaffaroni  y sus seguidores, cuyo “plan de lucha” figura en un libro publicado en 1989 por la Editorial Ediar, “En busca de las penas perdidas”
        Usina de Justicia quiere generar luz en medio de tanta oscuridad o, mejor dicho, en medio de tanto oscurantismo.
        Usina de Justicia pretende ser una voz altisonante frente a la subordinación militante del absurdo. Frente a la aberración jurídica. Frente a la injusticia…
        Usina de Justicia es, justamente, esperanza.
(Para mayor información: www.usinadejusticia.blogspot.com.ar)

Reservas: ¿el BCRA revirtió la tendencia descendente?

Eliana Scialabba

Diversas situaciones tanto de orden nacional como internacional parecen estar dándole un respiro a las alicaídas reservas internacionales del Banco Central (BCRA). Como quien busca agua en el desierto, el equipo económico se impuso como objetivo  frenar la caída de reservas, que en los últimos meses se había acelerado debido a la creciente necesidad de recursos para financiar importaciones (sobre todo, compra de combustible al exterior) y a la fuga de divisas.

La situación que desmejoraba con el paso del los meses pareció nivelarse en los últimas semanas por varios hechos, entre ellos la firma e implementación del swap con China por US$1.300 millones -se espera un nuevo tramo de US$1.000 millones antes de que finalice el año-, la licitación de las licencias del 4G por un monto de US$2.300 millones a ser ingresado y el acuerdo con las cerealeras, las cuales aumentaron la liquidación de exportaciones en el último…

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SENSACIONES Y NEGACIONES. EL INDEC DEL DELITO

Un veterano operador de “la rosca”, ya retirado, supo decirme alguna vez “en política, una mentira, puede esconderse entre dos verdades…” Tenía razón.

Hace algunos días, ciertos funcionarios bonaerenses festejaban  mediáticamente el “descenso” de los índices delictivos, según las cifras de las estadísticas difundidas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.

“Es el fruto de la emergencia policial dispuesta por el Gobernador”, expresaban eufóricos.

También destacaban la más absoluta objetividad en los guarismos publicados, ya que los mismos no pertenecían al Poder Ejecutivo, sino a la más alta autoridad del Ministerio Público de la Provincia.

El ejemplo más destacado era la baja en la tasa de homicidios y en los homicidios en ocasión de robo.

La emergencia policial, las normas sobre desarme, las modificaciones a las reglas excarcelatorias, etc. , eran los principales argumentos para explicar el “fenómeno”.

Sin embargo, este asombroso “tobogán descendente” no fue debidamente explicado por los exultantes funcionarios.

Poco o nada se dijo sobre el SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público), herramienta de gestión en la que se registran  las causas que ingresan a la totalidad de las Fiscalías de la Provincia, ni sobre las “categorías” con las que la Policía caratula los sumarios, es decir, la documentación que da inicio a una IPP (Investigación Penal Preparatoria).

En pocas palabras, puede resumirse el mecanismo de registración de la siguiente manera: La Policía de la Provincia de Buenos Aires, en tanto auxiliar de la Administración de Justicia y del Ministerio Público, debe actuar de oficio ante la presunta comisión de delitos de acción pública, comunicar a las autoridades judiciales y registrar toda su actuación en un legajo escrito, sumario, o IPP, según la nueva denominación.

El funcionario preventor, es decir el Comisario de Sección o el Director de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones), suscribre dichas actuaciones y realiza una primera y provisoria calificación legal, sin perjuicio del análisis y eventual re-calificación que realicen a posteriori las autoridades judiciales.

Aquí aparece el quid de la cuestión.

Como en tantas otras cuestiones de la vida diaria, el uso del lenguaje resulta fundamental, a la hora de establecer códigos comunicacionales.

La Policía, desde tiempos inmemoriales, es complicada para comunicarse con el resto de los mortales En su seno no se habla de hombres o mujeres, sino de masculinos o femeninos. No se dice perro, sino can.  Los carros no son tirados por caballos, sino por equinos. No se contesta si o no, sino afirmativo o negativo… Y así.

Los encargados de redactar las actuaciones prevencionales, en el marco de una muerte violenta sospechosa de criminalidad, raras veces la calificarán como “homicidio”, sino como “averiguación causales de muerte”, sea la investigación respecto de una persona encontrada sin vida en la vía pública, con seis disparos en el cráneo,  o sea la de una anciana que murió de un paro cardio-respiratorio no traumático, en su cama, pero que, al no tener médico de cabecera, la actuación judicial (autopsia incluída), se torna obligatoria.

Como se advierte, el “descenso” en las tasas de homicidios se inicia con la firma y rótulo de las mismas actuaciones sumariales, que serán registradas por el empleado de la Mesa de Entradas de la Fiscalía General correspondiente y cargadas en el SIMP, que luego proporcionará datos fidedignos, pero que, sin la debida explicación, llevan a confusión.

Nadie miente. Todos cumplen con su labor. Pero es una verdad a medias.

Otro de los formulismos policiales favoritos es el rótulo “averiguación de ilícito”, que es lo mismo que decir “causa penal” o “Investigación Penal Preparatoria”, ya que los  jueces y fiscales penales nos dedicamos, justamente,  a “averiguar conductas delictivas”…

El trabajo de registración que toma en cuenta el casillero “averiguación de ilícito” y el casillero “averiguación causales de muerte”, cambian sustancialmente la realidad criminal cuando ésta se transforma en estadística…

Menos “homicidios”, claro.

En definitiva, es una nueva forma de negación… Una nueva sensación.