COMPLICANDO EL LENGUAJE

RAE 1

Muchos integrantes de la Justicia Penal Argentina pretenden ser políticamente correctos con los criminales. Con un lenguaje edulcorado, repleto de circunloquios y eufemismos, no pocos magistrados se refieren a los delincuentes como “individuos en conflicto con la ley penal”, “jóvenes institucionalizados”, “sujetos prisionizados”, y otras construcciones semánticas de moda… Sería mucho más fácil y directo, llamarlos homicidas, ladrones, violadores, estafadores, etcétera. Quizás tengamos que aprender un poco de los españoles, que no llaman “cola” a los glúteos humanos, sino “culo”.

¿MÁS POLICÍAS EN LAS CALLES?

Officer Injured 20110118 TOPIX

Foto: http://www.laportadacanada.com

Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.

También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día más profusa. Cada día más sanguinaria.

Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…

Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos,  la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?

La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.

En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.

En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.

Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.

A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).

Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…

Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.

Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.

Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.

Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.

En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.

El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.

¿Qué hacer entonces?

Si lo que se pretende es que las policías y las fuerzas de seguridad sean eficientes en la prevención, es decir, en el adelantamiento a la conducta criminal, se deberá aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la tecnología moderna: Cámaras de seguridad fijas y móviles (domos, drones, etc.); detectores de metales en oficinas públicas; desarrollo de la inteligencia criminal  y no espionaje de peluquería;  estudio y análisis de la información brindada por otras fuerzas; construcción de bases de datos de crímenes y criminales,  entre otras actividades.

Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo.  El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.

Pero,  por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.

La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.

La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.

Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.

No se trata de una gran faena.

Golpearon y amenazaron de muerte a un fiscal en La Plata: “Te va a pasar lo mismo que a Nisman”

http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/05/01/golpearon-y-amenazaron-de-muerte-a-un-fiscal-en-la-plata-te-va-a-pasar-lo-mismo-que-a-nisman/

 

cartasegna

El cobarde ataque sufrido en las últimas horas por el fiscal Fernando Cartasegna constituye un acto de suprema gravedad institucional.

Amén de las investigaciones en trámite para descubrir a los autores y cómplices del grave delito cometido en contra de un magistrado del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires,  es imperativo revisar no solo las condiciones de seguridad de los ámbitos tribunalicios  sino, además, reflexionar acerca de la proliferación de organizaciones criminales que, aunque muchas de ellas improvisadas o directamente torpes, van avanzando en la comisión de delitos cada vez más violentos.

Tampoco puede dejar de analizarse en esta coyuntura, la posible participación de miembros de fuerzas policiales -en actividad o en situación de retiro- que reaccionan frente a investigaciones que los tienen como sospechosos o imputados.

Es una tarea de todos los integrantes del Sistema Penal del Estado aunar esfuerzos en pos de neutralizar definitivamente estas conductas y, en su caso mediante los debidos procesos legales, apartar de la sociedad libre a los responsables.

Atentar contra un magistrado judicial, sin distinción de fuero o especialidad, es atentar contra las bases de una comunidad jurídicamente organizada. Es atentar contra los cimientos de una Nación, ya que la magistratura judicial no pertenece a la persona que la ostenta, sino al Pueblo todo.-

EDAD DE IMPUTABILIDAD: LA HORA DE LA SALUD MENTAL

4-11-2010 014[1]La semana pasada, el joven T., de 15 años, 11 meses y 29 días de edad, cometió un homicidio. Por escasas 24 horas, fue declarado inimputable por el juez que intervino en la causa penal. Si hubiese accionado la cola del disparador de la pistola 9 mm que portaba contra la víctima, tan solo un día después, previo un debido proceso penal juvenil, pudo  haber recibido entre 8 y 25 años de cárcel…

Esta ficción, perfectamente posible en cualquier punto de nuestra República, muestra a las claras que el establecimiento de una edad cronológica que separe la imputabilidad penal de la inimputabilidad, es arbitrario. Lo mismo sucedería con un límite etario de 15, 14 o 13 años.

¿Qué hacer entonces con la edad de la imputabilidad?

Es posible una solución alternativa que dé por finalizada la eterna discusión sobre la edad de no punición. Un sistema mixto.

Que exista un límite etario es necesario. Las leyes deben ser normas generales que se aplican a los casos particulares. No podemos dejar librado al arbitrio del juez la estructura misma de los preceptos legales.

Pero es imperativo que, en una problemática como ésta, se permita una prueba en contrario a una presunción legal.

Que la persona que cometió un delito comprenda o no la criminalidad del acto depende de su evolución madurativa y no del taco calendario. No será el abogado, el juez, el fiscal o la matemática quien decida si el jovencito o la jovencita pudo discernir entre el bien y el mal, entre lo prohibido y lo pemitido, entre lo legal y lo ilegal.

¿Puede afirmarse, en forma tajante y absoluta, que un niño o una niña de 14 años no comprendan que matar a otro ser humano significa quitar una vida y que dicha conducta está prohibida por la ley, aunque no sepan ni lo que significa “Código Penal”?

¿Puede ser el sistema creado por el Papa Gregorio XIII  la única herramienta para discernir entre enviar a un ser humano a prisión o a su casa?

Ha llegado la hora de los especialistas en salud mental: Psiquiatras, Psicólogos, Neuropsicólogos, Neurólogos, etc.

Establecer una edad tope para la imputabilidad es necesario, como presunción. Pero es imperativo crear un sistema que establezca una prueba en contrario -trabajo pericial/científico- para los casos de delitos graves o gravísimos.

No es complicado establecer un sistema así. De hecho, ya existe en varios países del Common Law.

Solo resta no terminar los debates con panfletos del estilo “ningún pibe nace chorro”…

¿Cómo llamarlos?

abuela Foto: agencianova.com

 

El abolicionismo zaffaroniano impuso un nuevo vocabulario jurídico-penal. 

Es que el catecismo laico obligatorio en facultades de Derecho, Institutos de Post-grado y Consejos de la Magistratura, al mejor estilo gramsciano, otorgó categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.

Ahora,  el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y asi.

Leyendo el caso de un motochorro que, en Tucumán, le robó dinero en a un chico de seis años que iba a comprar al almacén, y, en La Plata, el caso de dos ladrones que maniataron a una anciana de 95 años para robarle dinero, no encuentro en el diccionario abolicionista el término adecuado para esta categoría de “sujetos en conflicto con la ley penal”.

Se me había ocurrido hijos de puta”… Pero seguramente no será aceptado por los gurúes locales de esta nueva pseudo-doctrina.

EL PROBLEMA NO ES ZAFFARONI… ¿O SI?

zaffa

“Si Nisman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco porque me hizo leer su denuncia…”

 

 

El problema no es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamado Eugenio Raúl  Zaffaroni y sus delirantes reflexiones, que excitan por igual a estudiantes de Derecho, graduados, magistrados judiciales, periodistas y anarquistas decadentes.

El problema no son sus postulados y sentencias alejadas del sentido común, de la lógica y hasta de la cordura.

El problema no es la inversión del  paradigma del Derecho Penal, convirtiendo al criminal en víctima de la sociedad, y a ésta en victimaria de los excluídos.

El problema no es la biblia abolicionista que reza, entre otros dislates, que: El “delito” es una “creación política”. Que el Proceso Penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que  la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la “sensación de inseguridad”, etcétera…

El problema no es la flagrante falta de respeto a la memoria del ex fiscal general federal especial para el caso AMIA, Dr. Natalio Alberto Nisman, cuya muerte violenta todavía  sigue siendo un misterio sin revelar.

El problema no es Zaffaroni… Sino su pseudo doctrina que está instalada en la República Argentina como obligatoria en facultades de Derecho, Institutos de post-grado, Consejos de la Magistratura y lleva treinta años lavando cerebros.

 

DESESTIMAR LA DESESTIMACIÓN

nisman

Natalio Alberto Nisman, el fiscal más importante de la República Argentina -ya que era el representante del Ministerio Público que investigaba el demencial ataque terrorista que redujo a escombros el edificio de la AMIA, llevando a la tumba a 85 personas y constituyendo el atentado más grave de la historia del Cono Sur- apareció muerto en su departamento del complejo “Le Parc”, en Puerto Madero, a pocas horas de haber presentado una gravísima denuncia contra la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández, su ex Canciller Héctor Timerman y otros funcionarios y allegados al anterior gobierno.

La presentación del fiscal Nisman tuvo inmediata repercusión nacional e internacional y se esperaba una profunda investigación, en medio del espanto que cundía en la República Argentina luego de su muerte violenta, aún no esclarecida.

Nisman fue enterrado en el Cementerio Israelita de La Tablada. Con él, su denuncia y la investigación de su muerte. En pocas horas, el fiscal muerto se convirtió en mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia … Y hasta socio de los fondos buitre!!!  Su honra, su buen nombre y su memoria, fueron arrojadas a los perros carroñeros. 

En la escena del crímen del coqueto departamento de Puerto Madero, sólo faltó el pasaje de una tropilla de percherones y un concierto de la orquesta filarmónica de Buenos Aires,en medio de la sangre, vainas servidas, huellas digitales y demás rastros de interés pericial.

Pasaron casi dos años desde aquellos desgraciados acontecimientos. Durante todo este tiempo, la comunidad argentina vio como el Poder Judicial y el Ministerio Público -o algunos de sus integrantes- lograron colocar un elefante adulto en una caja de zapatos. La alquimia judicial para no investigar la denuncia de Nisman tuvo ribetes grotescos, absurdos, desafiando los límites de la racionalidad misma.

Tres jueces federales (Rafecas, Freiler y Ballestero),  y un fiscal federal (De Luca) decidieron que no debía investigarse una de las denuncias más graves de nuestra historia.

Los fiscales, representantes de los intereses de la comunidad en los procesos penales, debemos investigar las denuncias que llegan a nuestros despachos. De hecho, se investigan en nuestras fiscalías denuncias anónimas, llamados telefónicos, correos electrónicos, dichos de un vecino, artículos periodísticos, etc. Muchas veces, no logramos establecer la existencia de un delito. Otras tantas, aún existiendo una conducta delictiva, no logramos descubrir a sus autores, encubridores o cómplices. En ocasiones, los jueces consideran que la prueba de cargo reunida por el Ministerio Público es insuficiente para lograr una sentencia de condena, etc.

Pero, no investigar una denuncia, con medio centenar de medidas de prueba a producir, es inédito en la historia judicial argentina. También es vergonzante.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordena la apertura de la investigación de Alberto Nisman es un soplo de aire fresco en la vida republicana. Pero sólo eso. Ni siquiera es el capítulo 1 del libro “Cómo ser un país normal”. Es sólo el prólogo.

Como en la películas, sólo queremos saber la verdad y nada más que la verdad.

Nada más. Y nada menos.