35 años de abolicionismo penal en la República Argentina

Una pseudo-doctrina hija del marxismo cultural, edulcorada con pizcas de Foucault, que postula que el criminal es “obligado” a delinquir por ser una víctima del sistema capitalista.

Desde hace 35 años se viene insuflando en las facultades de Derecho, en los institutos de postgrado, en conferencias, cursos y jornadas, y hasta en los Consejos de la Magistratura, la pseudodoctrina hija del marxismo cultural, edulcorada con pizcas de Michel Foucault, que postula -entre otros disparates- que el criminal es “obligado” a delinquir por ser una víctima del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades…

O que la reincidencia y la peligrosidad son categorías estigmatizantes del Derecho Penal del Enemigo.

En los albores de la restauración democrática, los abolicionistas locales (jóvenes abogados y estudiantes de Derecho con veleidades parisinas, creídos continuadores de la estudiantina francesa de 1968), en los bares y cafés universitarios y en los incipientes “grupos de lectura”, extrapolaron ideas y posturas de la Europa Continental de posguerra, equiparando los sistemas penales totalitarios del Viejo Continente con los existentes en estas latitudes. La progresía académica quedó maravillada con ese revoltijo.

Ninguno de aquellos “iluminados” se atrevió a hablar de ABOLICIONISMO. Amparados en la obra del italiano Luigi Ferrajoli,Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal”, se auto-adjudicaron el mote de “garantistas”.

Desde entonces siguen intentando modificar el lenguaje jurídico-penal. A partir de aquellos inquietos años post dictadura, el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Y así.

Pero el término “garantismo” o, mejor dicho, su malintencionada utilización, fue lo más dañino.

Se creó en la conciencia colectiva que el cumplimiento de las garantías constitucionales, es decir, el respeto irrestricto a los postulados de la Carta Magna, era equivalente a crear un sistema punitivo laxo, irritantemente laxo. Los abolicionistas se camuflaron de garantistas y crearon una confusión semántica que llega hasta nuestros días.

“¡Fuera, jueces garantistas!”, vociferan algunos ante resoluciones judiciales contrarias al sentido común. En paralelo, desde las cátedras de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de Criminología, etc., los nuevos gurús baten el parche de la “derecha fascista” que quiere colonizar el “aparato represivo”, sin respeto alguno por las garantías fundamentales.

El alumnado, compra, Se enfervoriza. El discurso romántico y rebelde contra la autoridad, el poder y las “agencias policiales”, fanatiza a la mayoría. Es una tarea lenta, pero constante.

Aquellos jóvenes alumnos hoy son -muchos de ellos- magistrados judiciales agnósticos de la pena. Sienten pena al aplicar las penas. Son abolicionistas. No creen en el Derecho Penal que juraron defender el día de su toma de posesión en el cargo.

El perjuicio es inconmensurable. Se dañó el juicio crítico de una generación de abogados. Se anuló la mesura, la prudencia, el equilibrio.

El criminal ya no es tal. Ahora es un individuo en conflicto. La amenaza de pena, no sirve. La cárcel, tampoco.

La banalización de la ilegalidad. La apología de lo prohibido.

El Derecho Penal Argentino está gravemente herido.

Lloran desde el más allá Soler, Nuñez, Fontán Balestra, Peco y tantos otros maestros que supimos disfrutar al leerlos.

(Publicado en INFOBAE)

CAPACITACIÓN POLICIAL. UN TEMA PENDIENTE.

El permanente movimiento pendular ideológico, en materia de seguridad ciudadana, genera angustia e incertidumbre en los integrantes del sistema penal del Estado. 

Los más castigados en esta coyuntura son los miembros de las policías y de las fuerzas federales de seguridad (auxiliares directos de la Administración de Justicia y del Ministerio Público y ejecutores de la prevención delictiva). Los uniformados están siendo sometidos -desde la restauración democrática hasta nuestros días- a un verdadero manoseo en donde un día son héroes y al siguiente, demonios. 

Sumado a ello, cuando el Poder Judicial debe examinar sus conductas profesionales tanto en la prevención como en la represión de los delitos, quedan al descubierto las graves falencias en la formación y capacitación de los cuadros, sobre todo en las últimas incorporaciones a las fuerzas policiales provinciales y locales. 

La capacitación policial y el entrenamiento son cardinales para la gestión de seguridad. Como también lo son los procesos de selección y admisión de aspirantes. 

En los últimos tiempos, la afiebrada obsesión por el marketing político («Mas policías en las calles»), propició ingresos masivos de efectivos sin vocación comprobada y con casi nula preparación. Por ejemplo, en algunos cursos de la Policía Local de la Provincia de Buenos Aires, los aspirantes recibieron en ¡6 meses! pistola, credencial y estado policial! 

Para la foto, para spot publicitario, para marketing pre-electoral, todo sirve. Pero, cuando llegan los enfrentamientos, los disparos de armamento letal y las muertes, todo se desploma como un castillo de arena. El efectivo queda solo frente a una acusación penal y, muchas veces, en la cárcel. La política mira de costado los problemas que enfrenta el uniformado con la Justicia y «cabalga» entre las disyuntivas judiciales, mediáticas y de redes sociales, al compás de las encuestas de opinión y sondeos de imagen. 

El ciudadano de a pie, desprotegido. 

El entrenamiento policial no debe ser de «tiro al blanco». Para eso están los JJOO y demás certámenes de tiro deportivo. Tampoco un entrenamiento militar, preparatorio para un combate ajeno totalmente a la actividad policial. 

El policía moderno debe ser entrenado en tiro dinámico, en situaciones callejeras extremadamente violentas, en allanamientos de moradas con resistencia armada, en tácticas de negociación con personas bajo los efectos de sustancias psicoactivas, con enfermedades mentales o con combinación de ambas. 

El efectivo policial debe conocer, amén de la legislación que rige su profesión, la normativa penal, procesal penal, contravencional y, sobre todo, los postulados constitucionales. El policía es un «agente de la ley». 

La directivas en el uso de la fuerza letal deben ser claras, concisas y permanentes. No pueden variar según el espacio político que ocupe transitoriamente el poder. Además, deben ser conocidas por la comunidad toda. El ciudadano debe saber perfectamente a lo que se expone en caso de desacato a una orden policial. 

Además de la preparación física y el entrenamiento referido, el integrante de la fuerza debe ser sometido a permanentes estudios y controles psicológicos y psiquiátricos. Como también, a la debida contención en caso de situaciones violentas que protagonicen. 

También es necesaria la creación de una defensoría policial para la cobertura jurídica en caso de sumarios internos y/o causas penales. 

Como se verá, no se trata de inventar la rueda ni descubrir el agua caliente. 

Sólo de aplicar el sentido común.

Hacia una política criminal seria y duradera

El pendulismo ideológico que caracteriza a la vida institucional argentina es sumamente pernicioso en materia de política criminal.

Durante los últimos 30 años, el sistema penal del Estado ha sido errático y desequilibrado. El símbolo universal de la Justicia -la balanza de dos platos- no podría representar de ninguna manera al aparato punitivo argentino, salvo que estuviese en continuo y alocado movimiento de sube y baja.

Desde la «mano dura», la «tolerancia cero» y «meter bala a los delincuentes», hasta el «criminal es víctima del sistema capitalista que lo excluyó».

Estas variaciones descontroladas se manifiestan en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia. En los discursos oficiales. En los planes de estudio de facultades de derecho, institutos de postgrado, en las evaluaciones de los Consejos de la Magistratura. En la formación de los cuadros policiales, penitenciarios y de las fuerzas federales de seguridad. ¿El resultado? El pandemonio.

El delito no es «de derecha», ni «de izquierda»; no es «kirchnerista», ni de «cambiemos». No es de arriba ni de abajo. Es delito. Así de simple. El sufrimiento de las víctimas no sabe de colores políticos ni de ideologías. Es dolor profundo y, en muchos casos, perpetuo.

Nada de lo que aquí expresado es una novedad ni, mucho menos, una originalidad. Sin embargo, la política criminal serpentea al compás de encuestas de opinión, sondeos de imagen y estudios de redes sociales. Se adapta a las modas ideológicas que impone la pseudo intelectualidad del momento. Mientras tanto, los delincuentes brindan con champán.

Es imperativo un cambio de paradigma -al menos- en materia de política criminal. El derecho penal es punitivismo, no abolicionismo. Las penas son sanciones, no caricias al alma. Las cárceles son establecimiento para el cumplimiento de las condenas judiciales, no centros de vacaciones. La policía ejerce la fuerza pública del Estado; no son boys-scouts. El criminal comete el delito y la víctima lo sufre.

Los operadores judiciales debemos perfeccionarnos constantemente para intentar estar un paso adelante del crimen y del criminal. Y no mantenernos ocupados en aplicar la doctrina de moda o la postura «políticamente correcta» para gobernantes y aspirantes a serlo.

Los postulados penales y las políticas de Estado que los receptan deben ser serias y mantenidas en el tiempo, sin importar los colores políticos que ocupen -temporariamente- los despachos oficiales.

¿Básico? ¿Elemental? ¿Obvio?

Pues, en la República Argentina, hasta lo evidente se discute.

Santificar al criminal

La izquierda, aunque atea, insiste una y otra vez en beatificar al criminal. Lo considera una «víctima» del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades de una vida mejor. Esta «víctima» no eligió libremente el camino del delito, no ejerció su libre albedrío para robar, violar o matar, sino que fue empujada por el Tío Sam hacia los oscuros laberintos de la conducta criminal.

¿Exageración? Para nada. Es lo que se enseña -hoy- en las universidades argentinas.

Es el concepto que repiten como papagayos jurídicos muchos de los alumnos y los graduados de las facultades de Derecho. Y, muchas veces, es el espíritu de resoluciones judiciales que espantan hasta el más lego de los habitantes de este castigado país.

Justo es reconocer que también hay alumnos y graduados con pensamiento crítico, que eluden estos disparates en la primera oportunidad que se les presenta.

Este absurdo intelectual es el que informa y condiciona la política criminal argentina desde hace más de tres décadas. Genera en los dirigentes políticos una paradoja infinita: Brindar seguridad y justicia a la comunidad que los sostiene en sus cargos, pero deben hacerlo con esta base ideológica a la que no se animan -siquiera- a objetar.

Este «helado caliente», esta «noche soleada», generó el caldo de cultivo necesario para el nacimiento, desarrollo y fortalecimiento de la pseudo doctrina más nefasta para el Derecho Penal Argentino: El Abolicionismo Penal y sus hermanos menores, minimalismo penal y buenismo penal.

El multi doctorado abogado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y sus adláteres, aprovecharon la post-dictadura militar para extrapolar ideas europeas post-nazismo. En ese último escenario, las corrientes abolicionistas europeas-continentales, analizaron los sistemas penales fascistas residuales de la posguerra.

De esta forma, en estas tierras, a mediados de los años ’80, las obras de Alessandro Baratta, Massimo PavariniThomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman y Michel Foucault, eran consideradas verdaderos oráculos en los «grupos de lectura» que pululaban por doquier.

La progresía vernácula quedó maravillada con aquel revoltijo de ideas, que ya había tenido su aperitivo en la ensalada ochentosa de tipicidad y culpabilidad.

Zaffaroni se fue convirtiendo en el gurú del penalismo local. Sus postulados se convirtieron en evangelios laicos en facultades de Derecho, institutos de posgrado, Consejos de la Magistratura, cátedras, seminarios, congresos y jornadas.

No seguir las ideas del gurú convertía al rebelde en piedra. 

Pero, no es pasado. Es presente. Esta fascinación está intacta en el mundo académico y en el Pretorio. 

Aunque, si alguien logra romper la burbuja y mirar tan solo un instante el mundo exterior, podrá advertir sin hesitación que los sofismas abolicionistas y la santificación del criminal no han servido sino para lograr que el Sistema Penal Argentino se haya convertido en un laberinto que, a la larga o la corta, permite que el delincuente eluda la sanción, el castigo, la pena.

El abolicionismo no sólo ha invertido el paradigma milenario del Derecho Penal (El criminal es la víctima. La víctima, el victimario), sino que -además- engendró magistrados agnósticos de la pena. Jueces que sienten culpa al imponer sanciones penales. Fiscales que actúan como defensores. Defensores que se asombran por el rol que desempeñan sus contradictores procesales. La ensalada sigue servida.

Resulta imperativo volver a las fuentes del Derecho Penal y defenderlo de estos intentos de destrucción. No existe comunidad jurídicamente organizada en todo el planeta sin un sistema punitivo que sancione la conducta desviada. No existe una sociedad sin normas. No existe una sociedad sin consecuencias ante el incumplimiento de la Ley.

Y nunca olvidemos que los que tanto pregonan la canonización del criminal, siguen las banderas de los regímenes más severos -algunos despiadados- en materia penal.

Otro desatino criollo.

Creí que no lo volvería a escuchar…

Charles Chaplin – Film “The Kid” – Año 1921

Creí que no lo volvería a escuchar, pero me equivoqué.

Año tras año, campaña tras campaña, elección tras elección, vuelvo a escuchar -o a leer- lo mismo:

«Hay que poner más policías en la calle para cuidar a la gente…»

Creí que no lo volvería a escuchar, pero me equivoqué.

Candidatos y precandidatos de todos los espacios (ya no podemos hablar de «partidos políticos», ya que los mismos han desaparecido), repiten como papagayos la consigna que ellos creen salvadora frente a los graves delitos que acarrean el crimen y el criminal: Equiparar las fuerzas policiales a «espantapájaros» que auyentarán a los criminales, por su sóla presencia. Algunos osados, se atreven a hablar de la vuelta del «vigilante de la esquina».

Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito. También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día más profusa. Cada día más sanguinaria. Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades… Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos, la reiterada fórmula de colocar «más policías en las calles»? La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva. En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la «presencia policial». Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado. En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad. Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención. A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por «averiguación de antecedentes», quedando limitado sólo en caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales «informan» a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?). Ya no existen los álbumes de «modus operandi», pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación… Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado «olfato policial» o la «actitud sospechosa» han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo. Los «cacheos» y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc. Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial. Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales «sitios con inmunidad diplomática», donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria. En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio. El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías. ¿Qué hacer entonces? Si lo que se pretende es que las policías y las fuerzas de seguridad sean eficientes en la prevención, es decir, en el adelantamiento a la conducta criminal, se deberá aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la tecnología moderna: Cámaras de seguridad fijas y móviles (domos, drones, etc.); detectores de metales en oficinas públicas; desarrollo de la inteligencia criminal y no espionaje de peluquería; estudio y análisis de la información brindada por otras fuerzas; construcción de bases de datos de crímenes y criminales, entre otras actividades. Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo. El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar «presencia», deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal. Pero, por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer. La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo. La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos. Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.

“Más policías en las calle para cuidar a la gente…»

Creí que no lo volvería a escuchar… pero me equivoqué.

Hacia un mayor protagonismo municipal en materia de seguridad ciudadana

El fenómeno del «vecinalismo», como nuevo paradigma político y social,es una realidad en América Latina. En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, numerosas fuerzas vecinalistas ya se han instalado en las preferencias de los electores. Los comicios que se avecinan no parecen ser la excepción.Los espacios políticos vecinales aportan propuestas en materia de seguridad ciudadana que, la mayoría de las veces, colisionan con el verticalismo de la estructura del poder.


Los recurrentes problemas que sufren los bonaerenses, entre los cuales la seguridad ciudadana ocupa un lugar (trágicamente) destacado, no ha logrado ser neutralizado o -al menos- atenuado por las distintas administraciones que han ocupado transitoriamente la Casa de Gobierno con asiento en la ciudad de La Plata.Se han propuesto infinidad de reformas a la organización de la Policía provincial, en un abanico que se extiende desde el mero maquillaje (cambio en el nombre de la institución, en las denominaciones de las distintas dependencias, en las jerarquías de oficiales y sub-oficiales, en uniformes, equipos y vehículos, etc.), hasta las más profundas variantes, como ser una descentralización de la jefatura provincial en varias sub-jefaturas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio bonaerense, cuya extensión supera a la de varios países del planeta.Sin embargo, siempre culmina triunfando el centralismo del poder y, la mayor fuerza de seguridad del país, sigue comandándose desde el despacho del Ministerio de Seguridad de la ciudad de las diagonales.


Esta situación, aun sin grandes cambios, podría recibir un aporte fundamental desde lo funcional y estrictamente operativo, con evidentes beneficios para los vecinos, si se tuviese en cuenta la valiosa información que pueden aportar los municipios en materia de realidad delictual, en tiempo real y simultáneo.En épocas de pandemia, en donde las reuniones virtuales son «el pan nuestro de cada día», 


¿Resulta tan complicado organizar -institucionalmente- un «gabinete ampliado de seguridad», con la participación de TODOS los secretarios municipales del área?
¿No sería MUY importante que el ministro de seguridad, su gabinete, el jefe de Policía y la Plana Mayor de la institución conozcan desde cada rincón de la provincia la situación REAL en materia de inseguridad?
¿O acaso lo saben todo?


Diariamente, las distintas admistraciones provinciales nos ametrallan con estadísticas que afirman que en tal distrito «el delito disminuye», o que determinada conducta delictiva «ha mermado».Si se escuchara a los responsables de la seguridad de cada municipio, esas estadísticas -al menos- serían revisadas y elaboradas nuevamente.
No sería una «pérdida de poder» del ministro o del jefe de policía. Todo lo contrario. Sería una herramienta eficaz para elaborar tácticas y estrategias frente a los complejos problemas que acarrean el crimen y el criminal.En lugar de «esconder la basura debajo de la alfombra», el gobierno provincial se dedicaría a sincerar números y estadísticas. A disponer de los recursos materiales y del factor humano (siempre escasos), en la medida de las necesidades concretas de cada rincón de la provincia y no del marketing político o pre-electoral.No habría necesidad de crear nuevos cargos públicos, ya que cada municipio cuenta con un secretario de seguridad quienes -muchas veces- son absolutamente ignorados por el ministerio provincial en sus reclamos.Sería un reconocimiento real y concreto a la autoridad de los intendentes y un pleno reconocimiento a las peticiones de los vecinos que tienen como primer referente estatal en materia ejecutiva a sus alcaldes.Sería, también, una forma de adjudicar responsabilidades funcionales al secretario municipal, ya que de él dependerá que la Casa de Gobierno provincial conozca detalladamente la problemática del distrito.


Tal vez el fenómeno del «vecinalismo» no llegue a estas tierras para reemplazar a los espacios políticos tradicionales en forma inmediata. Sin embargo el respeto al vecino y a la estructura municipal de poder debe concretarse AHORA.


No es tan difícil.

Encuentro cercano con el abolicionismo penal

A mediados de la década del ’80, siendo empleado judicial en La Plata y aún estudiante de abogacía, tuve la oportunidad de ser invitado a un «grupo de lectura», conformado por varios funcionarios y magistrados del fuero penal de aquel entonces.

Existía en La Plata un selecto grupo de integrantes del Poder Judicial muy culto. Tanto, que se veían a si mismos como luminarias del Derecho, casi como elegidos.

Los coordinadores del grupo llevaban un libro al que adoraban cual tesoro sagrado: «En busca de las penas perdidas», de Eugenio Raúl Zaffaroni. Obviamente.

El deleite que demostraban aquellas personas cuando leían las frases inintelegibles del gurú del abolicionismo vernáculo quedó grabado en mi memoria. Yo era muy joven e inexperto. Ni siquiera me atrevía a preguntar. Sólo escuchaba, asombrado. Mi limitada inteligencia no lograba descifrar aquellas oraciones escritas en un idioma diferente, rebuscado y absurdo. Duré poco. Me alejé del grupo de iluminados… Nadie me extrañó, por supuesto.

Le perdí el rastro a la mayoría de aquellos funcionarios judiciales. Muchos fueron promovidos a cargos superiores, otros ya se retiraron de la Justicia. Me queda el sabor amargo de no haberme dado cuenta, hace tres décadas, que aquellos «grupos de lectura» fueron el germen de un proyecto de destrucción del Derecho Penal Argentino. De la inversión del paradigma milenario del derecho criminal. Del abandono -y desprecio- del sentido común en la formación de los abogados.

Me tendría que haber quedado en el grupo de la luces. Haber escuchado un poco más de aquella ensalada de marxismo cultural antisistema, sazonada con pizcas de Foucault.

Tal vez hubiese podido hacer algo más.

POLICÍAS y LADRONES

El odio a la Policía.

Las graves consecuencias que acarrean el crimen y criminal en la República Argentina de las últimas décadas ha sumado -a la falta de políticas criminales serias y duraderas, al pendulismo ideológico de los sucesivos gobiernos que ejercieron el poder desde la restauración democrática hasta nuestros días, a la ignorancia generalizada respecto de las funciones y obligaciones de las fuerzas de seguridad en un Estado Democrático de Derecho- un escollo muy dificil de sortear: El odio -espontáneo o forzado- a la Policía, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y todo aquella institución cuyos integrantes usen armas y uniformes.

Desde la restauración democrática, en 1983, las atrocidades de la última dictadura militar generaron controversias en muchos estamentos de la sociedad civil, cuando -dirigidamente- se impidió la discusión y el repudio a las actividades de las organizaciones terroristas que bañaron de sangre a la República durante los años ’60 y ’70.

Sin desconocer la gigantesca diferencia entre los crímenes cometidos por dichos grupos armados y aquellos cometidos por el aparato estatal, se logró acallar cualquier tipo de comentario respecto del accionar guerrillero, creándose a tal fin una frase fetiche que lo hizo posible: «Teoría de los dos demonios».

De esta forma, solamente está permitido hablar de las atrocidades cometidas por el aparato represivo del Estado. Caso contrario, automáticamente nos convertiríamos en apologistas de dicha «teoría».

Además de ello, también desde la restauración democrática hasta nuestros días, las instituciones militares, de seguridad y las policías, siguen con el estigma de «represoras». No con la acepción de represión legal de actos ilícitos -externos o internos- sino con la etiqueta de asesinos con uniforme. Esta estigmatización no se detuvo nunca. Es más, se ha profundizado en los últimos tiempos en discursos oficiales y no oficiales; en ámbitos académicos, políticos, judiciales, sindicales, familiares, etc.

Paralelamente, el delito -tanto el organizado como el improvisado- ha aumentado en forma exponencial. La constante improvisación en materia de prevención criminal, la nula actuación de la inteligencia -sólo reservada para el espionaje de peluquería- y los movimientos polítcos espasmódicos, que se nutren de las encuestas de opinión, los sondeos de imágen y los estudios de redes sociales, ha generado una disyuntiva casi neurótica: ¿Qué hacer con el delito y el delincuente sin dejar de denostar a la Policía?

La paradoja nos lleva a una calle sin salida. El crimen y el criminal son tan antiguos como el Hombre. Un poco -sólo un poco- más «jóvenes» resultan ser las organizaciones para combatirlas. No es posible siquiera imaginar una comunidad jurídicamente organizada sin fuerzas del orden que aseguren la convivencia pacífica de sus integrantes y un marco legal que regule su actuación.

Paradójicamente, los grupos de presión que fogonean el odio a los uniformes, pertenecen a ideologías que -donde han podido erigirse como estamento de poder- poseen fuerzas policiales y militares sin demasiados miramientos a la hora de combatir el delito interno o el ataque exterior (verbigracia China, Rusia, Corea del Norte, Venezuela).

Paralelamente, en nuestro país, en las últimas tres décadas, se ha instalado en ámbitos académicos y judiciales la doctrina abolicionista en materia penal. Entre sus disparates más notables podemos destacar la posición frente al criminal como «Un individuo víctima del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades de optar por una vida mejor…» Mientras que las fuerzas policiales, en este delirante contexto, vendrían a ser «Las agencias del sistema represivo que seleccionan a los excluídos del sistema, para saciar la sed de venganza de las clases acomodadas…»

Estas dos frases “sagradas” alcanzan para deleitar a profesores de grado y de post grado en las Facultades de Derecho de la República Argentina. Si se le suma alguna cita de Michel Foucault, es suficiente para aprobar la tesis de grado y tener una puerta abierta para el Doctorado. Si se conoce al dedillo la obra de Eugenio Zaffaroni y sus discípulos, es suficiente para aprobar los exámenes en los Consejos de la Magistratura para acceder a los cargos judiciales con acuerdo del Senado (fiscal, juez, defensor oficial, asesor de incapaces).

En todos los casos, es imperativo tener una mirada (muy) crítica hacia la policía. La policía ES el enemigo. No me estoy refiriendo a los delitos que pudiesen cometer los efectivos policiales, claro. Sólo estoy citando una postura ideológica frente a las fuerzas del orden, en el corazón mismo del sistema penal del Estado.

El problema es mucho mas grave de lo que parece.

La Policía es constantemente defenestrada desde el discurso jurídico-penal, porque es música para los oídos «progres». Sin embargo, nadie se anima a blanquear públicamente esta realidad desde el poder político, ya que la comunidad pide a gritos mayor seguridad frente a la imparable escalada delictual.

Los gobiernos «serpentean» en sus declaraciones para no perder puntos en las encuestas, para no ser tildados de «abrepuertas» de los delincuentes o de «fachos». Un día condecoran a los efectivos y al día siguiente los defenestran, siempre al compás de los análisis de las consultoras de opinión. La formación de los abogados, de los futuros magistrados, y hasta de los propios policías, se enfrenta a una paradoja esquizofrénica. A un dilema diabólico.

No es posible quedar bien con Dios y con el demonio. Ni siquiera, mintiéndole un poco a ambos.

El delito debe perseguirse y sancionarse en el marco de un debido proceso legal, que garantiza -entre otras cosas- la defensa en juicio. El Poder Judicial cuenta para su trabajo específico de investigación judicial con las fuerzas de seguridad como sus auxiliares. Socavar la credibilidad de la institución policial -por el sólo hecho de su existencia- y pretender que solamente ocupen un rol decorativo en la sociedad, es cometer suicidio.

Alimentar esta grieta, es el primer paso para eliminar la República.

Marcelo Carlos Romero – Fiscal del Ministerio Público – Miembro de la Fundación Ciencia + Democracia

Es hora de actuar con todo el vigor de la ley frente a la barbarie medieval

El ataque al templo de El Bolsón expuso la ausencia de respeto por la ley penal y la convivencia pacífica

Foto by Infobae.com

La escalada de graves delitos que vienen cometiendo personas y grupos de personas que se presentan como titulares de “derechos ancestrales” sobre tierras de nuestra Patagonia debería preocuparnos mucho más de lo que hasta ahora nos preocupa. Asimismo, el sistema penal del Estado debería ocuparse en forma mucho más contundente de lo que hasta ahora viene haciéndolo.

Los gravísimos acontecimientos producidos por un grupo de individuos en una capilla de El Bolsón, con vandalización de imágenes religiosas, ofensas al pabellón nacional y privación ilegal de la libertad y lesiones a un religioso del templo, nos acercan más a la barbarie medieval que a la tercera década del siglo XXI.

Sin embargo, las discusiones no se centran en las flagrantes violaciones a la ley penal vigente en la República Argentina, sino en los debates histórico-ideológicos sobre los denominados “pueblos originarios” y su desarrollo y evolución en esta parte del planeta.

En cada artículo, nota de opinión y columna editorial sobre el tema, abundan comentarios sobre comunidades, pueblos, etnias, etc.

Si son de aquí o son de allá. Si eran pacíficos o eran guerreros. Si eran agricultores o cuatreros. Y así.

Las discusiones ideológicas son más delirantes aun. De un lado, los presentan como divinidades que poblaron la Tierra antes del Big-Bang. Del otro, los muestran como ejércitos de conquistadores, émulos de las legiones de Alejandro Magno.

El Código Penal argentino se sigue violando sistemáticamente frente a un Estado aletargado, que pretende quedar bien con Dios y con el diablo, sin saber bien quién es la deidad y quién el demonio.

Ya durante la investigación del caso Maldonado, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial demostraban un temor reverencial cercano al absurdo. Todos recordamos a los efectivos policiales palpados por una integrante de una comunidad supuestamente “originaria”, para controlar que los agentes no ingresaran armas de fuego a su “territorio sagrado”.

Sin embargo, el respeto por lo “sagrado” brilló por su ausencia en el templo religioso atacado de El Bolsón.

También brilló por su ausencia el respeto por la ley penal y la convivencia pacífica, ya que los supuestos descendientes de los “verdaderos dueños de la tierra patagónica” se fueron como Pancho por su casa, luego de haber cometido sus tropelías.

Es hora de actuar con todo el vigor de la ley. El sistema penal debe despertar. Tanto los mecanismos de prevención, como los de represión, investigación y juzgamiento de delitos de acción pública, deben ponerse en funcionamiento. Con energía, respetando el debido proceso y la defensa en juicio.

Aplicar la ley sin importar a quién. Aquí no hay divinidades ni títulos de nobleza. No somos una teocracia.

Somos una república democrática. Es hora de hacérselo saber a aquellos que todavía no se han enterado.

Dejemos la historia para los historiadores.

Simple.

Publicado en Infobae.com