La Criminalistica y apoyo de otras disciplinas. CriminalFact — Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California

Para la adecuada investigación de la criminalística de campo, el especialista deberá tomar en cuenta otras especialidades que le sirven de apoyo o sustento para interpretar su campo de especialidad, es necesario dejar los argumentos ególatras de que muchos especialistas tienden a utilizar de ser los que sustentan e incluso resuelven el caso criminal que […] […]

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Entomologia Forense, dedicacion y detalle. CriminalFact — Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California

Situémonos en el año 1235, China. El médico forense recibe un nuevo caso en el pueblo de al lado. Ha aparecido el cadáver de uno de los granjeros de la zona, asesinado con una hoz que le ha seccionado la aorta. ¿Cómo encontrar al culpable? Para resolver el caso sin llegar a profanar el cuerpo, […] […]

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COMPLICANDO EL LENGUAJE

RAE 1

Muchos integrantes de la Justicia Penal Argentina pretenden ser políticamente correctos con los criminales. Con un lenguaje edulcorado, repleto de circunloquios y eufemismos, no pocos magistrados se refieren a los delincuentes como “individuos en conflicto con la ley penal”, “jóvenes institucionalizados”, “sujetos prisionizados”, y otras construcciones semánticas de moda… Sería mucho más fácil y directo, llamarlos homicidas, ladrones, violadores, estafadores, etcétera. Quizás tengamos que aprender un poco de los españoles, que no llaman “cola” a los glúteos humanos, sino “culo”.

¿MÁS POLICÍAS EN LAS CALLES?

Officer Injured 20110118 TOPIX

Foto: http://www.laportadacanada.com

Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.

También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día más profusa. Cada día más sanguinaria.

Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…

Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos,  la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?

La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.

En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.

En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.

Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.

A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).

Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…

Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.

Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.

Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.

Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.

En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.

El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.

¿Qué hacer entonces?

Si lo que se pretende es que las policías y las fuerzas de seguridad sean eficientes en la prevención, es decir, en el adelantamiento a la conducta criminal, se deberá aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la tecnología moderna: Cámaras de seguridad fijas y móviles (domos, drones, etc.); detectores de metales en oficinas públicas; desarrollo de la inteligencia criminal  y no espionaje de peluquería;  estudio y análisis de la información brindada por otras fuerzas; construcción de bases de datos de crímenes y criminales,  entre otras actividades.

Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo.  El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.

Pero,  por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.

La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.

La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.

Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.

No se trata de una gran faena.

Golpearon y amenazaron de muerte a un fiscal en La Plata: “Te va a pasar lo mismo que a Nisman”

http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/05/01/golpearon-y-amenazaron-de-muerte-a-un-fiscal-en-la-plata-te-va-a-pasar-lo-mismo-que-a-nisman/

 

cartasegna

El cobarde ataque sufrido en las últimas horas por el fiscal Fernando Cartasegna constituye un acto de suprema gravedad institucional.

Amén de las investigaciones en trámite para descubrir a los autores y cómplices del grave delito cometido en contra de un magistrado del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires,  es imperativo revisar no solo las condiciones de seguridad de los ámbitos tribunalicios  sino, además, reflexionar acerca de la proliferación de organizaciones criminales que, aunque muchas de ellas improvisadas o directamente torpes, van avanzando en la comisión de delitos cada vez más violentos.

Tampoco puede dejar de analizarse en esta coyuntura, la posible participación de miembros de fuerzas policiales -en actividad o en situación de retiro- que reaccionan frente a investigaciones que los tienen como sospechosos o imputados.

Es una tarea de todos los integrantes del Sistema Penal del Estado aunar esfuerzos en pos de neutralizar definitivamente estas conductas y, en su caso mediante los debidos procesos legales, apartar de la sociedad libre a los responsables.

Atentar contra un magistrado judicial, sin distinción de fuero o especialidad, es atentar contra las bases de una comunidad jurídicamente organizada. Es atentar contra los cimientos de una Nación, ya que la magistratura judicial no pertenece a la persona que la ostenta, sino al Pueblo todo.-

EDAD DE IMPUTABILIDAD: LA HORA DE LA SALUD MENTAL

4-11-2010 014[1]La semana pasada, el joven T., de 15 años, 11 meses y 29 días de edad, cometió un homicidio. Por escasas 24 horas, fue declarado inimputable por el juez que intervino en la causa penal. Si hubiese accionado la cola del disparador de la pistola 9 mm que portaba contra la víctima, tan solo un día después, previo un debido proceso penal juvenil, pudo  haber recibido entre 8 y 25 años de cárcel…

Esta ficción, perfectamente posible en cualquier punto de nuestra República, muestra a las claras que el establecimiento de una edad cronológica que separe la imputabilidad penal de la inimputabilidad, es arbitrario. Lo mismo sucedería con un límite etario de 15, 14 o 13 años.

¿Qué hacer entonces con la edad de la imputabilidad?

Es posible una solución alternativa que dé por finalizada la eterna discusión sobre la edad de no punición. Un sistema mixto.

Que exista un límite etario es necesario. Las leyes deben ser normas generales que se aplican a los casos particulares. No podemos dejar librado al arbitrio del juez la estructura misma de los preceptos legales.

Pero es imperativo que, en una problemática como ésta, se permita una prueba en contrario a una presunción legal.

Que la persona que cometió un delito comprenda o no la criminalidad del acto depende de su evolución madurativa y no del taco calendario. No será el abogado, el juez, el fiscal o la matemática quien decida si el jovencito o la jovencita pudo discernir entre el bien y el mal, entre lo prohibido y lo pemitido, entre lo legal y lo ilegal.

¿Puede afirmarse, en forma tajante y absoluta, que un niño o una niña de 14 años no comprendan que matar a otro ser humano significa quitar una vida y que dicha conducta está prohibida por la ley, aunque no sepan ni lo que significa “Código Penal”?

¿Puede ser el sistema creado por el Papa Gregorio XIII  la única herramienta para discernir entre enviar a un ser humano a prisión o a su casa?

Ha llegado la hora de los especialistas en salud mental: Psiquiatras, Psicólogos, Neuropsicólogos, Neurólogos, etc.

Establecer una edad tope para la imputabilidad es necesario, como presunción. Pero es imperativo crear un sistema que establezca una prueba en contrario -trabajo pericial/científico- para los casos de delitos graves o gravísimos.

No es complicado establecer un sistema así. De hecho, ya existe en varios países del Common Law.

Solo resta no terminar los debates con panfletos del estilo “ningún pibe nace chorro”…

¿Cómo llamarlos?

abuela Foto: agencianova.com

 

El abolicionismo zaffaroniano impuso un nuevo vocabulario jurídico-penal. 

Es que el catecismo laico obligatorio en facultades de Derecho, Institutos de Post-grado y Consejos de la Magistratura, al mejor estilo gramsciano, otorgó categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.

Ahora,  el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y asi.

Leyendo el caso de un motochorro que, en Tucumán, le robó dinero en a un chico de seis años que iba a comprar al almacén, y, en La Plata, el caso de dos ladrones que maniataron a una anciana de 95 años para robarle dinero, no encuentro en el diccionario abolicionista el término adecuado para esta categoría de “sujetos en conflicto con la ley penal”.

Se me había ocurrido hijos de puta”… Pero seguramente no será aceptado por los gurúes locales de esta nueva pseudo-doctrina.