Encuentro cercano con el abolicionismo penal

A mediados de la década del ’80, siendo empleado judicial en La Plata y aún estudiante de abogacía, tuve la oportunidad de ser invitado a un “grupo de lectura”, conformado por varios funcionarios y magistrados del fuero penal de aquel entonces.

Existía en La Plata un selecto grupo de integrantes del Poder Judicial muy culto. Tanto, que se veían a si mismos como luminarias del Derecho, casi como elegidos.

Los coordinadores del grupo llevaban un libro al que adoraban cual tesoro sagrado: “En busca de las penas perdidas”, de Eugenio Raúl Zaffaroni. Obviamente.

El deleite que demostraban aquellas personas cuando leían las frases inintelegibles del gurú del abolicionismo vernáculo quedó grabado en mi memoria. Yo era muy joven e inexperto. Ni siquiera me atrevía a preguntar. Sólo escuchaba, asombrado. Mi limitada inteligencia no lograba descifrar aquellas oraciones escritas en un idioma diferente, rebuscado y absurdo. Duré poco. Me alejé del grupo de iluminados… Nadie me extrañó, por supuesto.

Le perdí el rastro a la mayoría de aquellos funcionarios judiciales. Muchos fueron promovidos a cargos superiores, otros ya se retiraron de la Justicia. Me queda el sabor amargo de no haberme dado cuenta, hace tres décadas, que aquellos “grupos de lectura” fueron el germen de un proyecto de destrucción del Derecho Penal Argentino. De la inversión del paradigma milenario del derecho criminal. Del abandono -y desprecio- del sentido común en la formación de los abogados.

Me tendría que haber quedado en el grupo de la luces. Haber escuchado un poco más de aquella ensalada de marxismo cultural antisistema, sazonada con pizcas de Foucault.

Tal vez hubiese podido hacer algo más.

POLICÍAS y LADRONES

El odio a la Policía.

Las graves consecuencias que acarrean el crimen y criminal en la República Argentina de las últimas décadas ha sumado -a la falta de políticas criminales serias y duraderas, al pendulismo ideológico de los sucesivos gobiernos que ejercieron el poder desde la restauración democrática hasta nuestros días, a la ignorancia generalizada respecto de las funciones y obligaciones de las fuerzas de seguridad en un Estado Democrático de Derecho- un escollo muy dificil de sortear: El odio -espontáneo o forzado- a la Policía, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y todo aquella institución cuyos integrantes usen armas y uniformes.

Desde la restauración democrática, en 1983, las atrocidades de la última dictadura militar generaron controversias en muchos estamentos de la sociedad civil, cuando -dirigidamente- se impidió la discusión y el repudio a las actividades de las organizaciones terroristas que bañaron de sangre a la República durante los años ’60 y ’70.

Sin desconocer la gigantesca diferencia entre los crímenes cometidos por dichos grupos armados y aquellos cometidos por el aparato estatal, se logró acallar cualquier tipo de comentario respecto del accionar guerrillero, creándose a tal fin una frase fetiche que lo hizo posible: “Teoría de los dos demonios”.

De esta forma, solamente está permitido hablar de las atrocidades cometidas por el aparato represivo del Estado. Caso contrario, automáticamente nos convertiríamos en apologistas de dicha “teoría”.

Además de ello, también desde la restauración democrática hasta nuestros días, las instituciones militares, de seguridad y las policías, siguen con el estigma de “represoras”. No con la acepción de represión legal de actos ilícitos -externos o internos- sino con la etiqueta de asesinos con uniforme. Esta estigmatización no se detuvo nunca. Es más, se ha profundizado en los últimos tiempos en discursos oficiales y no oficiales; en ámbitos académicos, políticos, judiciales, sindicales, familiares, etc.

Paralelamente, el delito -tanto el organizado como el improvisado- ha aumentado en forma exponencial. La constante improvisación en materia de prevención criminal, la nula actuación de la inteligencia -sólo reservada para el espionaje de peluquería- y los movimientos polítcos espasmódicos, que se nutren de las encuestas de opinión, los sondeos de imágen y los estudios de redes sociales, ha generado una disyuntiva casi neurótica: ¿Qué hacer con el delito y el delincuente sin dejar de denostar a la Policía?

La paradoja nos lleva a una calle sin salida. El crimen y el criminal son tan antiguos como el Hombre. Un poco -sólo un poco- más “jóvenes” resultan ser las organizaciones para combatirlas. No es posible siquiera imaginar una comunidad jurídicamente organizada sin fuerzas del orden que aseguren la convivencia pacífica de sus integrantes y un marco legal que regule su actuación.

Paradójicamente, los grupos de presión que fogonean el odio a los uniformes, pertenecen a ideologías que -donde han podido erigirse como estamento de poder- poseen fuerzas policiales y militares sin demasiados miramientos a la hora de combatir el delito interno o el ataque exterior (verbigracia China, Rusia, Corea del Norte, Venezuela).

Paralelamente, en nuestro país, en las últimas tres décadas, se ha instalado en ámbitos académicos y judiciales la doctrina abolicionista en materia penal. Entre sus disparates más notables podemos destacar la posición frente al criminal como “Un individuo víctima del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades de optar por una vida mejor…” Mientras que las fuerzas policiales, en este delirante contexto, vendrían a ser Las agencias del sistema represivo que seleccionan a los excluídos del sistema, para saciar la sed de venganza de las clases acomodadas…”

Estas dos frases “sagradas” alcanzan para deleitar a profesores de grado y de post grado en las Facultades de Derecho de la República Argentina. Si se le suma alguna cita de Michel Foucault, es suficiente para aprobar la tesis de grado y tener una puerta abierta para el Doctorado. Si se conoce al dedillo la obra de Eugenio Zaffaroni y sus discípulos, es suficiente para aprobar los exámenes en los Consejos de la Magistratura para acceder a los cargos judiciales con acuerdo del Senado (fiscal, juez, defensor oficial, asesor de incapaces).

En todos los casos, es imperativo tener una mirada (muy) crítica hacia la policía. La policía ES el enemigo. No me estoy refiriendo a los delitos que pudiesen cometer los efectivos policiales, claro. Sólo estoy citando una postura ideológica frente a las fuerzas del orden, en el corazón mismo del sistema penal del Estado.

El problema es mucho mas grave de lo que parece.

La Policía es constantemente defenestrada desde el discurso jurídico-penal, porque es música para los oídos “progres”. Sin embargo, nadie se anima a blanquear públicamente esta realidad desde el poder político, ya que la comunidad pide a gritos mayor seguridad frente a la imparable escalada delictual.

Los gobiernos “serpentean” en sus declaraciones para no perder puntos en las encuestas, para no ser tildados de “abrepuertas” de los delincuentes o de “fachos”. Un día condecoran a los efectivos y al día siguiente los defenestran, siempre al compás de los análisis de las consultoras de opinión. La formación de los abogados, de los futuros magistrados, y hasta de los propios policías, se enfrenta a una paradoja esquizofrénica. A un dilema diabólico.

No es posible quedar bien con Dios y con el demonio. Ni siquiera, mintiéndole un poco a ambos.

El delito debe perseguirse y sancionarse en el marco de un debido proceso legal, que garantiza -entre otras cosas- la defensa en juicio. El Poder Judicial cuenta para su trabajo específico de investigación judicial con las fuerzas de seguridad como sus auxiliares. Socavar la credibilidad de la institución policial -por el sólo hecho de su existencia- y pretender que solamente ocupen un rol decorativo en la sociedad, es cometer suicidio.

Alimentar esta grieta, es el primer paso para eliminar la República.

Marcelo Carlos Romero – Fiscal del Ministerio Público – Miembro de la Fundación Ciencia + Democracia

Es hora de actuar con todo el vigor de la ley frente a la barbarie medieval

El ataque al templo de El Bolsón expuso la ausencia de respeto por la ley penal y la convivencia pacífica

Foto by Infobae.com

La escalada de graves delitos que vienen cometiendo personas y grupos de personas que se presentan como titulares de “derechos ancestrales” sobre tierras de nuestra Patagonia debería preocuparnos mucho más de lo que hasta ahora nos preocupa. Asimismo, el sistema penal del Estado debería ocuparse en forma mucho más contundente de lo que hasta ahora viene haciéndolo.

Los gravísimos acontecimientos producidos por un grupo de individuos en una capilla de El Bolsón, con vandalización de imágenes religiosas, ofensas al pabellón nacional y privación ilegal de la libertad y lesiones a un religioso del templo, nos acercan más a la barbarie medieval que a la tercera década del siglo XXI.

Sin embargo, las discusiones no se centran en las flagrantes violaciones a la ley penal vigente en la República Argentina, sino en los debates histórico-ideológicos sobre los denominados “pueblos originarios” y su desarrollo y evolución en esta parte del planeta.

En cada artículo, nota de opinión y columna editorial sobre el tema, abundan comentarios sobre comunidades, pueblos, etnias, etc.

Si son de aquí o son de allá. Si eran pacíficos o eran guerreros. Si eran agricultores o cuatreros. Y así.

Las discusiones ideológicas son más delirantes aun. De un lado, los presentan como divinidades que poblaron la Tierra antes del Big-Bang. Del otro, los muestran como ejércitos de conquistadores, émulos de las legiones de Alejandro Magno.

El Código Penal argentino se sigue violando sistemáticamente frente a un Estado aletargado, que pretende quedar bien con Dios y con el diablo, sin saber bien quién es la deidad y quién el demonio.

Ya durante la investigación del caso Maldonado, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial demostraban un temor reverencial cercano al absurdo. Todos recordamos a los efectivos policiales palpados por una integrante de una comunidad supuestamente “originaria”, para controlar que los agentes no ingresaran armas de fuego a su “territorio sagrado”.

Sin embargo, el respeto por lo “sagrado” brilló por su ausencia en el templo religioso atacado de El Bolsón.

También brilló por su ausencia el respeto por la ley penal y la convivencia pacífica, ya que los supuestos descendientes de los “verdaderos dueños de la tierra patagónica” se fueron como Pancho por su casa, luego de haber cometido sus tropelías.

Es hora de actuar con todo el vigor de la ley. El sistema penal debe despertar. Tanto los mecanismos de prevención, como los de represión, investigación y juzgamiento de delitos de acción pública, deben ponerse en funcionamiento. Con energía, respetando el debido proceso y la defensa en juicio.

Aplicar la ley sin importar a quién. Aquí no hay divinidades ni títulos de nobleza. No somos una teocracia.

Somos una república democrática. Es hora de hacérselo saber a aquellos que todavía no se han enterado.

Dejemos la historia para los historiadores.

Simple.

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Los progres y la inseguridad

¿Por qué razón niegan o minimizan la criminalidad?

¿Por qué insisten con la “sensación de inseguridad”?

En las sociedades pretendidamente “progres”, con gobiernos ídem, todos están felices. No existen las desigualdades porque el Estado “está presente” y “te cuida”.

En las sociedades pretendidamente “progres”, con gobiernos ídem, no existen los delincuentes o los criminales. Sólo hay “individuos en conflicto con la ley”. Por dicha razón, las policías, las fuerzas de seguridad, las cárceles, etc., son consideradas “Agencias del poder punitivo deslegitimado”. Es decir, no deberían existir. Están de más en el Edén progresista. Sobran. Pero, como los “individuos en conflicto con la ley” son -cada vez más- feroces, es imperativo contar con un contra-discurso, sutilmente “anti-progre” que, sin desautorizar al relato del paraíso, ponga equilibrio y calme el estrépito público. Mientras tanto, el Estado progre no avanza en políticas crimínales serias y duraderas, sino que alimenta estas discusiones bizantinas y circulares…

Se intenta quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles a ambos. Se impone no quedar rezagado en las encuestas de opinión, no defeccionar en los sondeos de imagen y tener controlado -cibercontrolado- el humor social en las redes sociales.

Mientras tanto, los “individuos en conflicto con la ley”, siguen cometiendo sus tropelías en el paraíso progresista.

He ahí nuestra tragedia.

Seis propuestas para mejorar la justicia penal

Carta abierta al presidente Alberto Fernández

Dr. Alberto Fernández, de mi consideración:

Soy un simple fiscal de instrucción provincial. Es decir, estoy muy lejos de los avatares y entretelones político-judiciales de los tribunales de Comodoro Py y zonas de influencia.

Sin embargo, integro uno de los tres poderes de la república y me siento absolutamente responsable de las falencias de las que adolecen tanto la administración de justicia como el Ministerio Público y de las deficientes respuestas que le brindamos a la comunidad.

Por dichas razones, señor presidente, no haré defensas corporativas de la institución a la que pertenezco y a la que he dedicado mis esfuerzos durante la mayor parte de mi vida, con orgullo y con pasión.

Usted ha decidido enviar al Congreso nacional una reforma judicial que ha causado estrépito público. Ha generado desconfianzas y suspicacias. Ha motivado gigantescas movilizaciones de repudio a lo ancho y a lo largo del país…

Seguramente, no ha sido su intención que se produjeran semejantes efectos negativos. Pero así fue.

Señor presidente, hay tanto por hacer en materia judicial que la ciudadanía espera ansiosa las iniciativas gubernamentales en tal sentido.

Lograría usted un nivel de aceptación casi absoluto si las reformas que se propusieran no tuviesen ese halo de sospechas que se generan cuando los proyectos se quieren imponer “a como dé lugar”…

Humildemente y con absoluto respeto a su investidura, le acerco algunos de los tantos temas pendientes en el sistema de justicia penal de la República Argentina.

Es sólo una muestra, claro. El equipo de notables juristas que lo asesora podrá sumarle muchos más.

1) Instauración del sistema acusatorio y del juicio por jurados en todos los Códigos Procesales Penales del país (requiere acuerdos y consensos con los gobernadores y legislaturas provinciales).

2) Revisión y/o modificación del sistema recursivo en los procesos penales, para evitar la multiplicidad de instancias y que las causas duren décadas, como así también de los plazos procesales en las instancias superiores (también requiere acuerdos y consensos con las provincias).

3) Revisión y/o modificación de los Códigos de Ejecución Penal, a fin de unificar criterios en el cumplimiento de la pena y en la concesión y/o negación de libertades anticipadas (también requiere acuerdos y consensos con las provincias).

4) Profundización de la digitalización de expedientes en todo el sistema penal, incluyendo la documentación que se genera en las instituciones auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público (Policías, fuerzas de seguridad, cuerpos periciales, etcétera).

5) Adopción plena de la firma digital para todos los operadores del sistema penal, incluyendo abogados particulares y peritos de parte, propiciando el teletrabajo y la consulta remota de expedientes.

6) Adaptación de los espacios laborales de las distintas sedes tribunalicias y del Ministerio Público para los desafíos post-pandemia (distanciamiento social, telones o mamparas sintéticas, provisión de elementos de protección sanitaria descartable, nuevas normas de limpieza).

Como verá, señor presidente, con un poco de imaginación, con mucho menos dinero e intentando acuerdos y consensos entre las distintas fuerzas políticas; con opiniones consultivas a juristas, magistrados, académicos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etcétera, los argentinos nos hubiésemos evitado todos estos días de disgusto en una de las épocas más difíciles de nuestra historia.

Vale la pena, señor presidente, revisar nuestras decisiones cuando somos advertidos por gran parte de la comunidad, única destinataria de nuestros aciertos y desatinos.

Lo saludo con mi consideración más distinguida.

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Toma de tierras: el Gobierno echa nafta al fuego al denunciar a quienes reclaman por una solución legal pronta y contundente.

La semana que culmina se caracterizó por el absurdo. Desde un ex presidente anunciando un golpe de Estado (para luego arrepentirse y alegar una dolencia psíquica transitoria), pasando por una alta funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación recomendando no reír, no cantar y no gritar en lugares cerrados, hasta la denuncia penal efectuada por el Ministerio de Seguridad a los organizadores de una movilización en contra de las tomas de tierras en Villa Mascardi.

No es necesario ser zahorí para darse cuenta de la situación de crispación en la que se encuentra el pueblo argentino. Sería sobreabundante enumerar los múltiples efectos negativos que está causando la cuarentena que se renueva -sin solución de continuidad- cada mes.

El aumento de la criminalidad, el incremento de la violencia en las distintas formas de comisión criminal, las protestas a lo largo y a lo ancho del país, etcétera, ilustran dramáticamente una realidad que, un año atrás, sólo podía ser imaginada por un escritor de ficción.

La toma ilegal de tierras, en forma masiva y organizada, no faltó a la cita en esta “nueva anormalidad” en la que estamos inmersos. Los conflictos sobre la posesión de tierras en el sur argentino no son nuevos. Tampoco la falta de soluciones por parte del Estado.

En esa inteligencia, el respeto a las tradiciones y reclamos de los denominados “pueblos originarios” no pueden transitar la violación de las normas legales vigentes en la República. No pueden admitirse reclamos por la fuerza absolutamente a nadie. Toda pretensión debe canalizarse a través de la instituciones del Estado. Sin cortapisas. Sin excepciones.

Todo individuo o grupo de individuos que se considere con mejor derecho a otro u otros sobre una propiedad deberá concurrir a un juez para que dirima el conflicto. Es simple. El uso de la fuerza para hacer valer los derechos en litigio está penado por la ley. También es simple.

Independientemente de las cuestiones que deban dirimir los magistrados en los casos concretos, no existen “naciones” o “territorios” distintos a la República Argentina dentro de sus límites legales y establecidos. No existe un sólo centímetro cuadrado de toda nuestra vasta superficie que “no tenga dueño”. O son parcelas privadas o son parcelas pertenecientes al Estado, destinados al uso común.

La toma violenta de tierras por parte de grupos de individuos que alegan “propiedad ancestral” viola la ley vigente; dicha conducta debe ser sancionada penalmente.

Frente a la indefinición estatal en este entuerto, la ciudadanía se expresa constantemente. Mucho más, los directamente afectados. No pueden permitirse los hechos violentos ni la instigación a cometerlos, claro. Pero denunciar a quienes reclaman por una solución legal pronta y contundente al litigio es echar nafta al fuego.

Ojalá vuelva rápidamente la cordura. No sumemos más problemas. Tenemos demasiados en este absurdo 2020.

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Al filo de la Constitución

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La pandemia de COVID-19 ha repercutido en la estructura social planetaria a niveles nunca antes visto por todos los que habitamos, transitoriamente, este mundo.
Las diversas comunidades jurídicamente organizadas que componen la Humanidad, han enfrentado al virus y sus consecuencias de manera dispar, de acuerdo a sus realidades, idiosincrasias  y reglas vigentes en cada uno de ellas. Con errores y aciertos. Con los riesgos que supone enfrentar a lo desconocido.
No es intención de quien esto escribe realizar juicios de valor respecto de las medidas adoptadas por el Estado argentino en materia sanitaria. No tengo la formación ni los conocimientos como para poder esgrimir un comentario, más allá de la simple opinión ciudadana.
Sin embargo, quisiera compartir contigo unas breves reflexiones acerca de las decisiones gubernamentales en el marco jurídico argentino.
El aislamiento social obligatorio o “cuarentena”; las prohibiciones para ejercer industria, trabajo, estudio, esparcimiento, contacto social, etcétera; las limitaciones para el libre tránsito entre ciudades o provincias; y tantas otras restricciones a nuestra forma habitual de vida, fueron dispuestas por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de los Poderes Ejecutivos Nacional y Provinciales, ratificados -tardíamente- por el Senado de la Nación, que sesiona en forma homeopática, al igual que el Poder Judicial.
Es decir, la arquitectura republicana, que se encuentra basada en tres columnas estructurales  -los poderes ejecutivo, legislativo y judicial-  se está sosteniendo de manera endeble. Muy endeble.
Esta circunstancia va mucho más allá de la buena voluntad de los gobernantes. Ello se descuenta y no se discute.
Pero la Ley Fundamental ha elaborado un equilibrio dinámico para que ningún poder del estado pueda imponerse sobre los otros ni cometer abusos, independientemente de las buenas intenciones de los funcionarios.
La inmensa mayoría del pueblo argentino, respetuoso del Orden Constitucional, ha acatado todas y cada una de las disposiciones gubernamentales, haciendo un esfuerzo sobrehumano tanto a nivel individual como comunitario.
Sin embargo, y pese a nuestro gigantesco esfuerzo, hemos recibidos retos, caras largas, admoniciones, amenazas de sanción penal, administrativa o pecuniaria, etcétera, por parte de las mas altas autoridades de la República.
Se ha destratado a ciudadanos que solamente emitieron una opinión contraria a la cuarentena, siendo etiquetados con los peores calificativos. Se ha atacado a la prensa crítica o, simplemente, no adicta al espacio político gobernante. Se ha intentado fanatizar a la comunidad y dividirla en dos bandos: Pro-cuarentena y Anti-cuarentena. Se ha instalado un discurso de miedo en lugar de un discurso tranquilizador, que genere esperanza.
Tal vez sea el momento adecuado para reflexionar qué haremos en la post-cuarentena. Fundamentalmente, qué harán los gobernantes.?
El Orden Constitucional no se ha roto, aunque los poderes legislativo y judicial hayan quedado rezagados en esta coyuntura.
Sin embargo, la tentación autoritaria está ahí, al alcance de la mano.
Cuidemos nuestra Constitución, respetándola.
Se lo merece.

El problema no es Zaffaroni… ¿O si?

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El problema no es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamado Eugenio Raúl Zaffaroni y sus excéntricas reflexiones, que excitan por igual a estudiantes de Derecho, graduados, magistrados judiciales, periodistas y anarquistas decadentes.

El problema no son sus postulados y sentencias alejadas del sentido común, de la lógica y hasta de la cordura. El problema no es la inversión del paradigma del Derecho Penal, convirtiendo al criminal en víctima de la sociedad, y a ésta en victimaria de los excluídos.

El problema no es la biblia abolicionista que reza, entre otros dislates, que: El “delito” es una “creación política”. Que el Proceso Penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias”policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la “sensación de inseguridad”, etcétera…

El problema no es Zaffaroni…

Sino su pseudo doctrina que está instalada en la República Argentina como obligatoria en facultades de Derecho, Institutos de post-grado, Consejos de la Magistratura y lleva mas de treinta años lavando cerebros.