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 ROMERO  “EL AMBIDIESTRO”

             Resulta extremadamente curiosa la manera en que el Fiscal Penal de La Plata, Marcelo Romero, “cordonea” entre la derecha y la izquierda según distintas posiciones adoptadas a lo largo del tiempo. Así es como por ejemplo en agosto de 2002 presentó un Hábeas Corpus en favor de los presos alojados en las comisarías, al considerar que se agravaron sus condiciones de detención ante la superpoblación carcelaria calculada en un 320%, mientras que por otra parte fue escrachado un par de años más tarde por haber ordenado filmar a piqueteros. El escrache que organizaron agrupaciones universitarias y políticas de izquierda hizo que el fiscal decidiera no asistir a una charla que tenía previsto brindar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Más tarde, en enero de 2007, el Fiscal Romero se contactaría con Juan Bautista “Tata” Yofre para agradecerle por el libro “Nadie Fue”, “por su valentía, por su objetividad y por su sentido de Justicia”. En febrero de 2003, el Fiscal de Ejecución Penal de La Plata, Marcelo Romero, apeló el fallo que declaró inconstitucional la libertad asistida de presos en la provincia de Buenos Aires, que les permitía a los detenidos dejar sus lugares de detención seis meses antes de obtener la libertad condicional, según se informó oficialmente. La resolución, que podía repercutir en casi 3000 condenados que esperaban en cárceles gozar del beneficio, fue dictada por el presidente del Tribunal Oral Criminal 2, Carlos Graziano. En enero de 2004, Romero recordó que es un “delito muy grave” el corte de calles y remarcó la necesidad de penar a sus autores para preservar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. Romero expresó que “el corte de calles es un delito muy grave y el delito en la Argentina no se negocia, se reprime con el Código Penal y con los respectivos códigos de procedimiento, así de sencillo”. En febrero del mismo año, denunció a organizaciones de piqueteros que recurrentemente marchaban por las calles de la ciudad de La Plata, para luego manifestar frente a la sede del ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, por la presunta comisión del delito de acción pública. La presentación ante la fiscalía de turno fue realizada por el fiscal de Ejecución Penal de esta capital, Marcelo Romero a partir de las casi diarias concentraciones de desocupados con los consecuentes cortes de la avenida 7 -la arteria mas céntrica a de La Plata- y el supuesto perjuicio que estaban produciendo al comercio de esa zona además de los inconvenientes que ocasionaban al tránsito. Romero también solicitó al Gobierno la adopción de medidas de seguridad que garanticen la libre circulación en las calles circundantes a la citada cartera. En junio de 2004, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, desafió la orden judicial de filmar a piqueteros que usen capuchas y “armas impropias” en cortes de calle y anunció “voy a ir con un pañuelo y con un palo a la próxima marcha”. Castells se dirigió al Titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Administrativas N° 6, Marcelo Romero, que impartió la orden a la policía bonaerense, rechazando la orden de filmar a los piqueteros. Por su parte, la abogada de la CORREPI, María del Carmen Verdú, presentó un recurso de habeas corpus preventivo ante el Juez de Garantías de La Plata, Néstor De Aspro, para evitar que desocupados que se movilicen encapuchados y portando palos sean filmados en cumplimiento de una orden del Fiscal Marcelo Romero. Romero, que había ordenado filmar a piqueteros, fue escrachado por agrupaciones universitarias y políticas de izquierda, hecho que hizo que el fiscal decidiera no asistir a una charla que tenía previsto brindar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. El Centro de Estudios Legales y Sociales pidió a la Justicia platense que anule la instrucción “preventiva” dada a la Policía para actuar ante las manifestaciones piqueteras. Tal como opina el procurador general de la Nación, los abogados del CELS entienden que la prevención corresponde al Poder Ejecutivo -sea provincial o nacional- a través de la Policía y no a la Justicia. El CELS presentó en los Tribunales de La Plata un recurso administrativo para lograr que el Fiscal, Marcelo Romero, o sus superiores del Ministerio Público bonaerense revisen y anulen la instrucción de ser detenidos por intimidación pública. En marzo de 2005, el Fiscal Romero afirmó que “poco se puede hacer” para frenar el accionar de los piqueteros “si no hay una decisión política” para poder avanzar en ese sentido. El mismo año presentó un recurso de amparo para que los gobiernos nacional y provincial ordenen a las empresas telefónicas restituir el servicio en las cárceles, que fue restringido y, en algunos casos, dado de baja, para evitar los secuestros virtuales. La presentación fue radicada por el fiscal Marcelo Romero, quien explicó que “las empresas, en vez de cumplir con la resolución nacional que ordenaba colocar un dispositivo para identificar la procedencia de los llamados realizados desde los penales, con el fin de evitar secuestros virtuales, resolvieron restringir o quitar el servicio”. En octubre de 2006, tras el polémico fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró inconstitucional el artículo 24 del Código Procesal Penal y que coincidió con la descompresión de la huelga de hambre de los presos de la Provincia, el fiscal de instrucción de La Plata, Marcelo Romero, se refirió sobre esta cuestión. Con su fallo de inconstitucionalidad del artículo mencionado, la Corte habilitó que los procesados a reclusión accedan al beneficio del dos por uno; justamente este tema era uno de los puntos incluidos en el petitorio de los internos, que llevaron a cabo una huelga de hambre durante dos semanas. Horas más tarde de conocida la decisión, las medidas de reclamo fueron levantadas en todas la cárceles bonaerenses. Ante este hecho, Romero aseveró que “es extraño que en medio de una huelga la Suprema Corte haya decidido declarar la inconstitucionalidad del artículo 24”, y advirtió que existen presiones al Poder Judicial: “Es cierto que hay muchas pujas políticas, están en cada uno de los jueces aceptarlas o realizar su trabajo”. En otro punto coincidió con muchos de sus colegas, al afirmar que la Justicia “se halla en estado de emergencia, porque no existe un presupuesto acorde con las necesidades de este ámbito y además se están manejando mal los pocos recursos que tenemos”. A su vez, informó que “sólo en la ciudad de La Plata existen por Fiscalía alrededor de 30 mil causas, que están estancadas por falta de tiempo y presupuesto”. Por último, se refirió a la desaparición de Jorge Julio López y criticó a los servicios de inteligencia argentinos, al decir que “pareciera que la SIDE se está ocupando de otras cosas, porque no puede ser que no exista ni una sola pista del testigo”. En enero de 2007, trascendió que el Fiscal Marcelo Romero se habría contactado con Juan B. Yofre para agradecerle por el libro “Nadie Fue”, “por su valentía, por su objetividad y por su sentido de Justicia”. En septiembre de 2008, Romero pidió ser apartado de la investigación que llevaba adelante por el crimen de tres policías, ocurrido en la planta transmisora del ministerio de Seguridad bonaerense luego que fuera sumariado por una presunta difusión de las investigaciones llevadas en la causa. En tal sentido, fuentes judiciales indicaron que el representante del Ministerio Público tomó esa decisión luego de ser notificado de un sumario administrativo iniciado en su contra por la Fiscalía General de La Plata, relacionado a la difusión periodística que tuvo el caso. También afirmaron que el fiscal Romero solicitó ser apartado de la causa porque, a partir del citado sumario que además fue elevado a la Procuración General, entiende que los superiores habían perdido la confianza en él para seguir en esta investigación. Esta no es la primera vez que al fiscal Romero le inician un sumario por la difusión de información o por sus opiniones a través de los medios de comunicación. Fuentes de Tribunales indicaron que en la fiscalía de Romero se mostraron sorprendidos por esta decisión del inicio de un sumario administrativo, ya que en este caso sólo se informó a los medios “a través de un escueto comunicado de prensa, donde sólo se dieron a conocer los pasos procesales de tan compleja investigación”. En mayo de 2010, los fiscales penales Maribel Furnus y Marcelo Romero decidieron apartarse de la segunda etapa de la causa del triple crimen de policías en la planta transmisora del ministerio de Seguridad bonaerense, ubicada en 7 y 630, de La Plata. Voceros judiciales destacaron que los fiscales solicitaron que se los tenga por excusados de actuar en el citado expediente, luego de conocer los términos de la recusación formulada por el abogado defensor Alejandro Montone. La recusación contiene “argumentos deleznables, manifestaciones temerarias y ofensivas a la investidura con la que fuimos honrados al momento de prestar juramento, que impiden que en lo sucesivo trabajemos con la serenidad espiritual que el caso merece”. Furnus y Romero señalaron en su presentación que “Montone sostuvo que esta parte está comprometida con el móvil de la droga, dejando entrever que existe un interés extrainvestigativo y espúreo en sostener esa hipótesis”. También señalaron que el abogado afirmó que no se investigaron todas las posibilidades, “olvidando que aquí se investigó hasta al grupo terrorista Sendero Luminoso, las Tríadas Chinas, a políticos (nacionales, provinciales y municipales), sin olvidar a novios celosos, novias casquivanas, barrabravas de Estudiantes, Gimnasia y Cambaceres”. Además, detallaron que Montone, como parte de la estrategia defensista, “de manera obvia y lamentable, presionó sobre los deudos de las víctimas, generando un sufrimiento innecesario frente a la irreparabilidad del daño ya causado”. “Intentó -se agregó- ante la opinión pública desvirtuar la honorabilidad” de los fiscales, al “agraviarse de la ausencia de la investigación de las posibles hipótesis: un atentado terrorista contra el ministerio de Seguridad y el orden democrático, con Marcos Casetti convertido en un Rambo Vernáculo, que perfora cuerpos con su cuchillo de combate”. Con estas actitudes, Montone “logró su cometido: el hastío moral en esta causa” de los fiscales y “ofender de manera irreparable nuestra honorabilidad e integridad ética”, se indicó en la excusación. El juez de Garantías en la causa, César Melazo, hizo lugar a la excusación y además resolvió enviar copias de las actuaciones al Colegio de Abogados de La Plata, explicaron voceros judiciales. Los policías Pedro Díaz, Alejandro Vatalaro y Ricardo Torres Barboza fueron asesinados el 19 de octubre de 2007. Por el triple crimen están detenidos además de Casetti, Fabián “Kunta” Rivero, Gustavo Sebastián Pereyra, Miguel Tobar, Humberto Zuccaro, Juan Pablo “Papupa” Córdoba y Pablo Cepeda. Así resulta ser la curiosa la manera, no tan sólo mediática, en la que el Fiscal Penal de La Plata, Marcelo Romero, “cordonea” entre la derecha y la izquierda según distintas posiciones adoptadas a lo largo del tiempo. De presentar un Hábeas Corpus en favor de los presos alojados en las comisarías, a agradecerle al “Tata” Yofre por el libro “Nadie Fue”, “por su valentía, por su objetividad y por su sentido de Justicia”.

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